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El presidente andaluz, Manuel Chaves, ha defendido la impartición de la asignatura Educación por la Ciudadanía (EpC), que ha sido "aceptada con carácter general" por parte de la ciudadanía, tras conocerse los últimos autos del TSJA) en los que se autoriza la objeción de conciencia a dos familias en Huelva y Málaga.

En rueda de prensa junto al presidente del Principado de Asturias, Vicente Alvarez Areces, Chaves ha querido dejar claro que la Junta está cumpliendo con una ley democrática que ha sido aprobada por el Congreso y el Senado, donde reside la soberanía nacional.

Manuel Chaves ha insistido en que en los centros escolares andaluces se va a seguir impartiendo la asignatura de la Educación para la Ciudadanía y aseguró que es aceptada con carácter general por la ciudadanía y que la Junta cumple con la ley aprobada por el Parlamento.

Según Chaves, hay unos 90.000 alumnos que reciben esa asignatura y ante la Junta se han planteado poco más de 400 casos de objeción de conciencia, con lo que no llegan al 0,5 por ciento del total de alumnos de Andalucía.

En una rueda de prensa, el presidente de la Junta se ha referido así a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de suspender cautelarmente una decisión de la Consejería andaluza de Educación y permitir que los hijos de dos recurrentes, de Málaga y de Bollullos Par del Condado (Huelva), puedan objetar de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC).

Chaves ha precisado que en el caso de Málaga lo que pide el tribunal es que la Junta admita a trámite el recurso de los padres de algunos alumnos porque no los había admitido, ya que esos niños no estaban en los cursos en los que se imparte Educación para la Ciudadanía.

Por su parte el presidente del Principado de Asturias, Vicente Alvarez Areces, ha considerado que la aceptación judicial de las impugnaciones a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), abriría un "camino peligrosísimo" en el sistema educativo, con la posibilidad de que se empezaran a producir impugnaciones de colectivos o particulares a diversas materias o a enseñanzas relacionadas con la evolución darwinista y la teoría creacionista o con las Matemáticas.

Para Alvarez Areces, la decisión del TSJA debe ser tomada desde la preocupación de un sistema educativo que "tiene la obligación de escolarizar a los alumnos en las etapas de escolarización obligatoria".