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El estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de ampliación de la pista del aeropuerto de Córdoba subestima la contaminación sonora, un factor muy temido por los vecinos -que han constituido una plataforma- cuando comiencen a operar las clásicas aeronaves de vuelos comerciales.

El informe de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), que desde ayer está en fase de consulta pública, desmonta esta preocupación ante el lógico aumento de operaciones de aterrizaje y despegue o de las pruebas de motores. Por consiguiente, destaca «la escasa afección acústica al entorno así como la poca entidad de las emisiones atmosféricas».

El estudio, que analiza con detalle los posibles perjuicios que causará la ampliación del campo de vuelos a 2.050 metros de longitud y 670 metros de ancho, considera, sin embargo, que el ruido provoca «un impacto compatible» porque «no implica un empeoramiento significativo en relación con la situación existente en la actualidad». De acuerdo con las previsiones del ente gestor del aeródromo, en 2010 acogerá 152.920 pasajeros y 3.083 operaciones, mientras que en 2015 se duplicarán los viajeros y habrá 5.860 operaciones comerciales.

Aunque minusvalora este factor, el informe ambiental plantea la necesidad de corregir el impacto acústico poniendo en marcha un Plan de Aislamiento Acústico que cifra en 10.500 euros el coste de insonorizar cada vivienda. Sin embargo, no especifica cuántas casas se verán afectadas y, por tanto, tampoco el gasto total.

El documento, que permanecerá expuesto durante 30 días, prevé un presupuesto de 30.000 euros para el plan de insonorización, 36.000 a un estudio de ruidos y 24.000 a otro diagnóstico sobre la calidad del aire.

En suma, la factura global de las medidas protectoras y correctoras que deberá adoptar AENA asciende a 6,14 millones de euros distribuidos de la siguiente forma: 3 millones durante las obras de ampliación de la plataforma; 726.610 euros cuando el aeródromo esté operativo -destaca la construcción de una planta de tratamiento de hidrocarburos-, y, finalmente, 2,38 millones para hacer estudios y contratar la asistencia técnica de control.

El informe no pasa por alto la proliferación de parcelaciones irregulares en el entorno del campo de vuelos, elemento que califica como «un impacto negativo», pero reconducible mediante la expropiación.