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El juez Jesús Miguel Hernández Columna tendrá que dirimir a partir de la vista pública que se celebrará el próximo día 3 de abril qué sucedió en la madrugada del 19 de octubre de 2002, cuando un joven perdió la vida y otro quedó en estado de coma, como consecuencia de un siniestro que todavía no ha quedado del todo esclarecido.

Por un lado hace unas semanas, la familia de Iván Sánchez, conductor del Renault Megane rojo que sufrió el accidente reclama al Consorcio de Compensación de Seguros la nada despreciable cuantía de 1,8 millones de euros en concepto de indemnización y por los intereses de todos estos años. Su abogado defiende que hubo un segundo coche, que se dio a la fuga, y que provocó el accidente mortal.

Pero la versión de la entidad pública aseguradora no concuerda con esta hipótesis. Este periódico ha contactado con Alejandro Izuzquiza, director de Operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, que ha ofrecido algunos de los detalles de este caso. En primer lugar ha destacado que la documentación que rodea a este siniestro es "compleja". Al no contar con una base sólida de pruebas, Izuzquiza defendió que el Consorcio tiene "serias dudas" de que hubiera un segundo coche implicado, toda vez que, en líneas generales, "los supuestos en los que hay un coche que se da a la fuga son los más abonados al fraude", explicó el responsable.

En primer lugar, Izuzquiza explicó que la entidad tramita cada año cerca de 150.000 siniestros, de los que más de 85.000 corresponden a accidentes de circulación. Lo hace, a su juicio, con absoluta normalidad, fomentando los acuerdos amistosos con las víctimas sin necesidad de esperar a que se dicte sentencia en un juicio. De hecho, en el año 1.999, el Consorcio llegaba a acuerdo amistoso en la cuantía de las indeminizaciones en el 50 por ciento de los casos, mientras que en la actualidad se solventan fuera de los juzgados el 90 por ciento de los supuestos.

El hecho de que sólo el 10 por ciento de los siniestros acaben con una resolución judicial es consecuencia de "la orientación claramente protectora de las víctimas de los accidentes que se ha impreso desde la Dirección de esta entidad pública y a una aplicación no restrictiva del baremo legal de indemnizaciones por daños personales", detalló Izuzquiza.

Por otro lado, el responsable del Consorcio dio a conocer que en el ámbito de los accidentes atribuídos a vehículos no identificados -que se dan a la fuga-, la entidad pública registra y tramita del orden de 4.000 siniestros al año. Los aborda de igual forma que en los demás tipos de accidentes de vehículos sin seguro, robados, asegurados en entidades insolventes o los propios de los vehículos asegurados en el Consorcio, es decir, con los mismos criterios "flexibles, favorables a los accidentados y a través de acuerdos amistosos". Eso sí, en estos accidentes el Consorcio tiene que tener evidencias de que, por una parte, hubo participación en los hechos de un vehículo que no se pudo identificar o que se dio a la fuga, y de que ese vehículo fue responsable del accidente, parte esencial. Según esto, Izuzquiza justificó que no hayan procedido a indemnizar a Iván Sánchez, porque sin esas evidencias, el Consorcio no puede tomar la iniciativa de abonar una indemnización.

De todos modos, la entidad pública aseguradora discrepa de la cuantía solicitada por el abogado. Y es que, en este caso concreto, hay "dudas razonables y de importancia" en varios puntos. En cuanto a las circunstancias en que se produjo el accidente, puso énfasis en el exceso de velocidad del vehículo accidentado, conducido además de madrugada.

También duda el Consorcio de los testigos, ya que "uno es parte en el accidente" -el amigo que resultó herido leve- y el otro, que no sí es independiente, "no vio el accidente en sí, sino sus consecuencias inmediatas".

Quizás lo más contundente en contra del reclamante es la valoración que se desprende del atestado, que es el documento esencial para el Consorcio en estos casos y que "no concluye que hubiera otro vehículo implicado en el accidente".

Izuzquiza no quiso pasar por alto que "el Consorcio ha tratado de obtener evidencias adicionales que le permitieran concluir que el accidente fue provocado por un vehículo fugado", tales como el informe de reconstrucción del accidente -encargado a un profesional totalmente contrastado e independiente- que respalda la conclusión de que la responsabilidad del accidente no recae en otro vehículo.

A la vista de todo esto, el director de Operaciones del Consorcio remarcó que "estamos ante uno de esos casos excepcionales en los que, sintiéndolo mucho, no puede tomar la iniciativa de pagar una indemnización, sino que debe esperar a que se dicte una sentencia judicial". No obstante, defendió que "no puede interpretarse esta posición como de actitud abusiva contra los perjudicados".