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La ingente tarea de limpieza y regeneración realizada por las administraciones tras el vertido tóxico provocado por la rotura de la balsa de la mina de Azncóllar, ocurrida en la madrugrada del 25 de abril de 1998, aún no está concluida. La principal asignatura pendiente continúa siendo poner punto y final a los focos de contaminación que aún persisten en la zona, uno de los cuales tiene su origen en la gigantesca corta utilizada para el depósito de los lodos recogidos a lo largo del cauce del Guadiamar, hasta las proximidades de Doñana, zona a que a pesar del tiempo transcurrido sigue recibiendo aportes contaminantes.

Crítico con esta situación ha sido en los últimos años el que fuera director de la Estación Biológica de Doñana cuando se produjo la catástrofe, Miguel Ferrer, quien ha venido constantemente alertando sobre el problema.

"Sigue habiendo filtraciones desde la balsa siniestrada, y aunque no las hubiera el acuífero aluvial está tan contaminado que el simple paso de agua por encima produce como resultado una contaminación. Por eso -añade- se pidió en su momento la separación del río Agrio de la balsa (a través de un desvío del cauce) y un sellado eficiente de la misma. Ése es uno de los detalles que impiden calificar la recuperación de completa".

Por lo que respecta a la corta que hizo las veces de depósito de lodos, según Ferrer exige dos cosas: extracción continuada de agua y su tratamiento, "y se está haciendo de forma deficiente porque pueden verse sobre el terreno escapes de agua que no están convenientemente tratadas con elevados niveles de contaminación".

La inertización de su contenido y el sellado de la balsa se demorando en demasía. Se trata de un proyecto que tiene todo tipo de problemas, tanto técnicos como de financiación, dado el elevado coste que supondría acometer esta actuación, según ha reconocido en diferentes ocasiones la Junta de Andalucía.

Al respecto, Miguel Ferrer sostiene que si el problema principal es el económico, es una circunstancia "que se tendrían que considerar cuando se conceden autorizaciones a explotaciones mineras por periodos de treinta años y después se abandonan".

A su juicio, "si el mantenimiento con las adecuadas garantías de los residuos tóxicos que genera la actividad es costoso y además sine die, debería de imputarse en la viabilidad de la operación completa, y no cargarlos a costa del dinero público". Otro de los puntos que en opinión de Miguel Ferrer aún quedan por resolver es la continuidad total del denominado Corredor Verde del Guadiamar.

Se trata del proyecto que acometió la Junta de Andalucía para regenerar toda la zona afectada por el vertido tóxico, de forma que quedara conectada Doñana con Sierra Morena.

Resalta Ferrer que "la restauración fluvial ha sido magnífica, y el río Guadiamar, sinceramente, está ahora mejor que antes de la rotura de la presa. Distinto es que no llegue a ser un corredor ecológico funcional, porque no se ha asegurado la conexión con las masas forestales de Doñana. Sí lo hace con Sierra Morena, pero no con la parte de abajo, porque desemboca en la marisma y está rodeado de cultivos, y en algunas zonas de cultivos bajo plástico, que no es exactamente el camino por el que se puedan desplazar los seres vivos",