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La reforma del Código Penal que convirtió en delito conducir un vehículo sin tener en vigor un permiso tiene revolucionados los juzgados de Granada. Funcionarios, secretarios, jueces y fiscales no salen de su asombro ante la elevada cifra de personas que pasan a diario por las dependencias del juzgado de guardia como detenidos por este motivo. No se habla de otra cosa. La pregunta que reina desde hace dos semanas es: "¿Tanta gente había que conducía sin carné en esta provincia?" Los datos dicen que sí. Al menos, por el momento.

En los juzgados de Instrucción del partido judicial de Granada (competente de la capital y todos los pueblos del área metropolitana), cinco personas de media diaria se llevan una sentencia de condena a casa por este motivo. En algunos días la cifra registrada ha sido de tres o cuatro y, otros, como el pasado miércoles, el número se elevó hasta once para estupefacción del personal. La matemática revela que desde el 1 de mayo, en dos semanas, la cantidad de conductores cazados sin permiso alguno puede superar ya las 70 personas. Algo que, desde la judicatura granadina se califica de rayano en lo escandaloso. Ya se advirtió de que la avalancha de casos comenzaría a notarse a partir de mayo con la entrada en vigor de esta parte de la reforma del Código Penal.

El endurecimiento de los castigos en caso de superar la tasa máxima permitida de alcohol en sangre para conducir y por los excesos de velocidad comenzó a aplicarse con anterioridad a la aplicación de penas de prisión por conducir sin tener un permiso para ello en regla.

La razón del aplazamiento -de seis meses- fue dar un margen a la ciudadanía para que cundiese el pánico entre aquellos que nunca habían visitado una autoescuela y pusiesen remedio a tal carencia. Pero la realidad constatada ahora es que no todo el mundo se dio por aludido entonces y ahora paga las consecuencias.

Las razones de la sorpresa son evidentes. Las cifras son muy elevadas, máxime si se tiene en cuenta que, tal y como han confirmado fuentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Granada, no se están realizando controles específicos por este asunto. El control en las carreteras no es superior al habitual.

Los primeros días de aplicación de la reforma coincidieron en el tiempo con el dispositivo policial desplegado con motivo del Día de la Cruz en la capital granadina. Entonces, se pensó que la cantidad de casos detectados se debía a esta circunstancia excepcional.

Pero el paso de los días, cumplidas dos semanas, ha quedado demostrado que no es así. Es más, ni siquiera llegan más casos cuando se trata de fines de semana o festivos. La cifra más elevada se detectó un miércoles, con once. La evolución de esto que ya tiene tintes de fenómeno es por ahora un misterio. Pero de seguir así llegará a ser un problema.

La preocupación ya existe. Al menos, en lo que al ámbito judicial se refiere. Y ésta se debe a dos circunstancias que nada tienen que ver entre sí. La primera es el futuro de esas decenas de conductores sin permiso en regla que pasan por el juzgado. Por ahora, todas las sentencias dictadas han contado con la conformidad de los detenidos entregados por policías y guardias civiles. Las pruebas son irrefutables en estos casos y no pueden negarse a aceptar la evidencia. La discusión en un juicio no tiene cabida.

De este modo, la conformidad y la ausencia de antecedentes conlleva por ley una rebaja de la condena a seis meses de prisión. Una vez reducida, ésta -los meses que correspondan de cárcel- son conmutados por una multa, que suele superar los 600 euros en la mayoría de los casos.

Ahora bien, si estos conductores son detenidos de nuevo por la misma causa, los antecedentes comienzan a contar y ello obligará a ejecutar las penas de prisión. O sea, a mandar a los conductores rebeldes a la cárcel. Y son de hasta seis meses.

La actitud que algunos casos ha sido detectada es la de "desinterés absoluto" por corregir su situación. Así lo han pulsado en los juzgados de guardia. De ahí la preocupación. ¿Se llenará la prisión de este tipo de nuevos delincuentes? El Gobierno no quería eso. Mucha gente tampoco, pero está por ver la capacidad persuasiva de la medida. La segunda de las inquietudes que es el incremento automático, imprevisto y considerable del trabajo en los juzgados y del número de asuntos. En las jornadas de guardia en Granada, sin contar las "alcoholemias" -como ya se llaman- que cada día se tratan en el juzgado, el trabajo se ha visto incrementado de manera muy considerable. Pero los recursos son los mismos.

Y no sólo afecta a las guardias. Estas condenas tienen que ser ejecutadas (o sea, velar para que se cumplan) por los juzgados de Lo Penal. Órganos que, tal y como sacó a la luz pública el "caso Mari Luz", acumulan miles de ejecutorias sin resolver por saturación. Y a los miles de procesos de este tipo pendientes empiezan a sumarse ya las condenas por conducir sin carné.

La progresión que experimentará el número de este tipo de casos en los juzgados es una incógnita, por ahora. Pero el comportamiento demostrado en dos semanas, mantiene expectantes a todos.