Noticias Ya.com

El presidente de Cajasol, Antonio Pulido, ha hecho un llamamiento a las administraciones para que «flexibilicen las condiciones del concurso de adjudicación de Isla Mágica para que puedan entrar en el marco de los intereses privados».

«Yo creo que ahí tenemos que tener, por parte de todos, un poquito más de comprensión y flexibilidad en las condiciones exigidas en el concurso, como aspecto clave para que intereses privados puedan acceder a la concesión», declaró el presidente de Cajasol. Para Pulido, este proyecto «es muy importante y básico para Sevilla, en el que queremos seguir estando», por lo que pide a las administraciones públicas que sean conscientes «de que se necesita un claro apoyo al parque temático».

Estas declaraciones de Pulido se suman a las realizadas por el comité de empresa de Isla Mágica, así como por empresas interesadas en la gestión del parque, que llegaron a tachar de «leoninas» las condiciones del concurso para la explotación de esa área.

De hecho, varias empresas interesadas en la gestión de Isla Mágica han desistido de presentarse al concurso por entender que ese negocio no era viable con las exigencias impuestas por la Junta, entre ellas el pago de un canon anual de 1,3 millones de euros a partir del octavo año. Asimismo, el adjudicatario tendrá que pagar 37 millones de euros al actual concesionario -Cajasol (70%) y Unicaja (12%)- sin tener garantizada las licencias de obras del proyecto.

El miedo a que el concurso quede desierto puede explicar la decisión de la Junta de ampliar hasta el 6 de junio el plazo para presentar ofertas, plazo que originariamente acababa el 12 de mayo. El único candidato firme a presentarse al concurso es la UTE conformada por Martín Casillas e Inverco.

Los trabajadores de Isla Mágica creen que la ampliación del plazo oculta la desesperación de la Consejería de Economía y Hacienda para adjudicar el contrato «a toda costa» y a «cualquiera» con el único interés de resolver el caso, aunque tal e hipotética adjudicación «in extremis» suponga «no escuchar» a los trabajadores.

Mientras se resuelve el futuro de Isla Mágica, el parque acumula deudas por más de 12 millones de euros, cuatro de ellos correspondientes a una sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a pagar esa cantidad al Ministerio de Economía por incumplir las condiciones de una subvención.

Debido a la falta de liquidez que arrastra Isla Mágica, la actual concesionaria ha pedido al Ministerio de Economía un aplazamiento del pago de la deuda, para lo cual necesita un aval. Comoquiera que Isla Mágica ya no cuenta con el derecho de uso del suelo de la Cartuja, ya que acordó con la Junta resolver el contrato de explotación, Cajasol y Unicaja han accedido a convertirse en sus avalistas ante el Ministerio de Economía. Así, las citadas cajas de ahorros le han avalado con cinco millones de euros, algo más de los 4,2 millones de euros que adeuda al Estado, en fuentes cercanas al parque.