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Altas temperaturas y pastizal -puro combustible- son la combinación idónea para que el campo arda en llamas. Cuando, encima, hay edificaciones irregulares en medio del monte, cuya población se eleva en verano, la mezcla puede resultar todavía más explosiva.

La Junta de Andalucía puso en marcha el pasado día 16 el Plan contra Incendios Forestales de la Comunidad Andaluza (Infoca). Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las 29 parcelaciones de la Sierra de Córdoba, que se hayan en la zona de peligro por el alto riesgo de incendios tienen activado un plan de autoprotección para prevenir y combatir este tipo de siniestros.

Quince de estos núcleos han presentado su propuesta ante el Ayuntamiento de Córdoba -doce de ellos lo hicieron a lo largo del pasado año-, pero dichos documentos aún están en fase de revisión.

José Joaquín Cuadra, éstos han sido ya cotejados por Protección Civil y a partir de hoy los estudiarán miembros de Bomberos. Una vez que concluya este trabajo técnico, pasarían a ser aprobados por la Junta de Gobierno Local antes de ser remitidos a la Consejería de Medio Ambiente, que puede introducir las modificaciones. Es el paso previo a la implantación de los mismos por parte de las juntas de propietarios de las construcciones, sean ilegales o no.

Aparte de esta quincena, el responsable municipal de Seguridad corroboró que otros 13 dispositivos han sido entregados al Consistorio, pero se encuentran en una fase incipiente de tramitación, puesto que todavía no han sido estudiados por los técnicos.

Con el fin de unificar criterios en las tareas de prevención, la alcaldesa, Rosa Aguilar, y la Consejería de Medio Ambiente suscribirán un convenio de colaboración, cuyo borrador fue aprobado la pasada semana, pocos días antes del inicio de la temporada estival.

"Va a ser una herramienta fundamental para coordinarse", subrayó Cuadra, quien defendió, además, que "queremos poner ya los planes a disposición de los parcelistas, una vez que sean revisados por Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente se pondrán en marcha", significó.

Aunque es consciente de lo imperioso de su implantación, al Ayuntamiento se le está echando el tiempo encima, en parte debido a que algunas parcelaciones han reaccionado de forma tardía presentando su documentación.

De hecho, el Plan de Protección de la Sierra que promueve el Ayuntamiento, en un texto de Avance elaborado por profesores de la Universidad de Córdoba, ya alertó de la erosión del suelo o el riesgo de estas urbanizaciones ante los incendios forestales, otra de las "patatas calientes" pendientes de resolución, puesto que, en la fecha de su redacción -a finales de 2007-, salvo una parcelación (Las Siete Fincas), el resto carecía de planes de autoprotección para mitigar el efecto devastador de las llamas.

La consecuencia es que, a fecha de hoy, ni una casa ubicada en esta extensa área verde cuenta aún con este mecanismo de seguridad obligatorio, pese a que el Ayuntamiento tiene aprobada desde julio de 2004 una moción para colaborar en su elaboración.

Un año tardó el Pleno en aprobar por unanimidad el marco general para la lucha contra incendios. Y seis más en cumplir con su obligación de adaptarse a la norma andaluza que regula desde 1999 esta materia. Según el real decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección, están obligados a presentar una guía de acciones y medidas todos los titulares de alguna actividad susceptible de provocar situaciones de emergencia.

La carencia del plan no supone una indefensión total para los parcelistas, pero es una dificultad añadida para la labor de Protección Civil como Bomberos. De hecho, la falta de dispositivo de prevención complicó la extinción del incendio que se produjo el pasado mes de julio en Cerro Muriano,que arrasó cerca de 4.000 hectáreas.

Desde Ecologistas en Acción se llamó la atención sobre el retraso que acarrean estos trámites. "Quedan mucho trabajo por hacer y, al final, llegamos al verano con las tareas sin terminar", afirmó el portavoz de esta organización, Joaquín Reina. Puntualizó que los sistemas de autoprotección deben evaluarse y revisarse periódicamente porque no "son planes vivos".

Por su parte, el concejal del PP Antonio López es de la opinión de que el Ayuntamiento "nunca ha querido reconocer los planes de las parcelaciones no legalizadas, porque eso implicaba admitir que existían".