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La suspensión cautelar de hasta quince artículos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a raíz de la denuncia de Adepa por vulnerarse los planes de protección del casco histórico va a traer cola por el revés político que supone para el Gobierno municipal sevillano (PSOE-IU). De momento, podría centrar buena parte del Pleno que se celebra hoy, al que el Grupo Popular va a trasladar varias propuestas en torno a este asunto que a buen seguro generarán amplio debate.

De hecho, y como avanzó ayer su portavoz adjunta Alicia Martínez, el PP considera que «todas las recalificaciones que el Gobierno municipal socialista haya hecho en el casco histórico quedan en suspenso hasta que no haya sentencia definitiva del TSJA sobre el Plan General». La concejal explicó que ante la decisión del TSJA «prevalece el ordenamiento jurídico anterior, o sea, el Plan de 1987 y los planes especiales del casco histórico», por lo que afirmó que el auto del alto tribunal andaluz supone «un serio revés al PGOU, al equipo redactor, al Gobierno socialista y a su modelo de ciudad».

En este sentido, recordó que «la ciudad se ha gastado en el Plan General más de mil quinientos millones de pesetas y en él ha estado trabajando uno de los galácticos del Ayuntamiento, el señor Fustegueras». «La suspensión de los artículos es muy grave y viene a dar la razón al PP, que ya votó en contra del Plan -añadió-. Y si el TSJA ha decidido adoptar esta medida cautelar es porque «estima que tiene muchos visos de prosperar la sentencia definitiva».

Ante esta situación, los populares presentarán hoy una moción, en la que exigirán a la Delegación provincial de Cultura de la Junta de Andalucía «un pronunciamiento expreso» sobre la vulneración de los planes especiales y en particular sobre la obra en la sede del PSOE en Luis Montoto, así como la «rectificación de la descatalogación parcial del fondo de parcela que permite la construcción de seis plantas» en dicho edificio. Además, el PP pedirá un «informe urgente» al secretario del Ayuntamiento hispalense «sobre el alcance de la suspensión de los artículos del PGOU», solicitando, por otro lado, la «actualización» de los planes especiales de protección del casco histórico y su «convalidación» por parte de la Junta de Andalucía.

La edil acusó al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, de hacer «ingeniería recalificatoria» y de estar «siempre al filo de la ley cuando algo le interesa a su partido», a lo que agregó que el auto del TSJA «afectaría a toda la delimitación del casco», con las enormes consecuencias que ello puede tener. «Lo que está haciendo este Gobierno es lo opuesto a la función social del urbanismo».