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Fabulaciones, invenciones de los menores. De esta manera, Aldo Maximiliano V. negó ayer en el juicio que se sigue contra él por abusos sexuales que hubiera realizado tocamientos a nueve niños de la urbanización de Rincón de la Victoria donde vivía y donde trabajaba como monitor de la piscina. El acusado, que se enfrenta a 18 años de cárcel, está actualmente en prisión por otros hechos similares que ocurrieron el pasado mes de septiembre cuando entrenaba a un equipo de fútbol infantil de la capital.

Su llegada a la sala de vistas con el rostro oculto tras un pasamontañas despertó la rabia de algunos padres de los niños afectados, que esperaban inquietos prestar declaración y que, con lágrimas en los ojos, no pudieron reprimir comentarios despectivos contra el ex monitor, de 28 años.

Los hechos, que se juzgaron ayer a puerta cerrada para proteger la intimidad de los menores, se produjeron durante el verano de 2005, en la urbanización Serramar de La Cala del Moral (Rincón de la Victoria), donde vivían los niños y el propio acusado.

Según el fiscal, Aldo Maximiliano V. ofrecía a los menores, cuyas edades oscilaban entre los 9 y 11 años, jugar con videoconsolas y otros entretenimientos infantiles. De esta manera, se granjeaba la amistad y la confianza de los niños y se aprovechaba de ellos realizándoles "tocamientos lascivos" en los genitales, bien en su casa, bien en la piscina.

Según fuentes de la acusación particular, que ejercen cinco de las nueve familias afectadas, en su declaración Aldo Maximiliano V. negó los hechos y se limitó a contar que él únicamente jugaba con los niños y que jamás los había tocado. Ante la pregunta de por qué entonces todos los menores coincidían en relatar lo mismo, el procesado contestó que uno de ellos pudo inventárselo y contagiar a los demás.

También declararon ayer los nueve menores que, supuestamente, sufrieron abusos del monitor, mientras que los forenses y los peritos psicólogos que trataron a los niños lo harán mañana, día que está prevista la conclusión de la vista.

El fiscal en sus conclusiones provisionales considera que el procesado ha cometido nueve delitos continuados de abusos sexuales y pide una condena 18 años de cárcel, mientras que la acusación particular solicita una pena agravada por los mismos hechos, un total de 36 años de reclusión.