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Más que temor, el sector aceitero está francamente enfadado con la oleada de robos de aceitunas que se está produciendo sobre todo en el sur de la provincia. La razón, tal y como expresó ayer el presidente de la Caja Rural en Córdoba, Ricardo López Crespo, es que "no sólo habría que perseguir a quienes se llevan el fruto, sino especialmente a quienes se lo compran barato».

En este sentido, Miguel Fernández, presidente de Opracol, abundó en que existen auténticas bandas organizadas dedicadas a cometer este tipo de delitos, "siempre cerca de los puntos de compra", y que conocen a la perfección la forma de actuar de la Ley, que, prácticamente, deja la mano abierta por debajo de los 400 kilos.

Eso implica que varios individuos pueden llegar a robar en una misma zona hasta esa cantidad sin que les ocurra nada, cuando, en realidad, la suma de todo es considerado un delito grave, "y los jueces deberían de cambiar esa mentalidad".

Por su parte, Salvador Lovera, responsable en Córdoba de Fedeprol Andalucía Centro, animó a denunciar todos los robos que se produzcan, sean de la cantidad que sean, a fin de que se pueda demandar más medios para combatirlos a los cuerpos policiales.

Ambos, junto a Fernando Romero, de Aprocoba, y salvador de Prado, de Núñez de Prado, firmaron ayer, por tercer año, un convenio de colaboración con la Caja Rural que permitirá a los 30.000 olivareros que representan (el 37,5 por ciento del total de la provincia) anticiparse a las ayudas de la PAC. Al respecto, Fernández aprovechó para denunciar el retraso en las resoluciones de ayudas de la PAC de 2006, mientras que para las de este año ya hay problemas y "todavía no se han activado los derechos".

Igualmente, los productores han reiterado a las distintas administraciones la necesidad de que se simplifiquen los trámites para optar a las ayudas, ya que "todos los años hay cosas nuevas".

Las previsiones para la presente campaña, según De Prado, se estiman en unas 240.000 ó 250.000 toneladas de aceite.