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La asociación de empresarios de la construcción (Gaesco) va a impugnar 42 concursos convocados por vía de urgencia por la Junta de Andalucía en las últimas semanas para realizar diversas obras en colegios andaluces, la mayoría en Sevilla. El importe global de las licitaciones asciende aproximadamente a unos 16,5 millones de euros (2.750 millones de pesetas).

La patronal de la construcción ha explicado que el Ente de Insfraestructuras y Servicios Educativos de Andalucía (Isean), organismo de la Consejería de Educación, «recurre de manera sistemática al procedimiento de urgencia en sus concursos, siendo éste una modalidad excepcional que contempla la Ley para casos igualmente excepcionales».

Los empresarios de la construcción reconocen que «existe un período de tiempo, coincidente con las vacaciones escolares, en las que es idóneo la realización de las obras en los institutos, pero ello no quiere decir que no pueda planificarse con antelación, toda vez que se conoce a ciencia cierta, con una antelación de más de nueve meses, la fecha de finalización del curso escolar».

Los concursos que se van a impugnar se han convocado en los últimos 30 días. Gaescoa tiene intención de acudir en 3 de los casos a los tribunales de Justicia, por la vía contenciosa, mientras que en resto agotará la vía administrativa. El trámite de urgencia en los concursos de estas obras en los colegios supone que los empresarios tienen sólo 13 días para estudiar el proyecto y presentar su oferta a la Junta.

Esta situación se complica aún más cuando son múltiples los concursos convocados, como es el caso, en el que se han licitado 42 proyectos distintos. «Es imposible para una constructora ponerse a ver todos los proyectos y saber a cúal puede presentar un proyecto y a cual no en sólo 13 días», asegura el gerente de Gaesco, Manuel Sillero.

El plazo estipulado por la Ley es de 26 días y su reducción a través del trámite de urgencia «está restringido por legalmente, ya que supone una merma de los derechos y garantías para las empresas que quieran licitar en las obras, por lo que ha de estar plenamente justificado esa reducción o limitación de los derechos de las empresas y no puede utilizarse al libre albedrío o de manera sistemática, ya que ello perjudicará a las empresas que quieran estudiar las obras».

Gaesco ya hizo constar esta anomalía de la Junta en el año 2005, por lo que considera que «que ha habido suficiente tiempo como para corregir estos actos contrarios a la ley y que perjudican a nuestras empresas, por más que desconocemos si pudiera beneficiar a algunas otras».

Además de la utilización abusiva del trámite de urgencia, los empresarios de la construcción rechazan las exigencias que la Junta pone a estas empresas para poder concursar. Así, la Administración autonómica reclama a las empresas para realizar obras de «escasa complejidad» tener acreditados su clasificación en numerosas subactividades menores. Por ejemplo, se exige a una empresa que esté clasificada en demolición «para hacer la simple construcción de un comedor o la reforma de un gimnasio».

Gaesco lamenta que «algunas instituciones públicas consideren que las obligaciones fijadas en la Ley son sólo exigibles a las empresas y no para la Administración, convencida de que los procesos judiciales son lentos».