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El ingeniero jefe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CGH) en Jaén, José Martín, pidió a las asociaciones vecinales de los puentes su colaboración para que los trabajos de deslinde de los ríos Eliche, Jaén, Guadalbullón y Quiebrajano se puedan hacer sin incidentes entre los técnicos y propietarios que puedan creerse afectados por una futura demolición de sus chalés construidos en los cauces fluviales en zonas de dominio público. Martín se reunió con los responsables de las asociaciones del Puente de la Sierra, Jontoya -a priori las dos zonas urbanizadas más afectadas por los deslindes- Tablas y Nuevo.

Los técnicos, según adelantó Martín a los responsables vecinales, comenzarán a trabajar hoy mismo sobre el terreno, cuando aún hay barro de la riada del pasado viernes día 9. "No quiere decir que vayan a tirar nada, sólo van a delimitar el dominio público", indicaron tras la reunión fuentes vecinales, quienes aseguran que los propietarios de la zona son "los primeros interesados" en que los trabajos se hagan con la mayor rapidez posible.

Las fuentes consultadas indican que se teme que haya propietarios que prohíban a los técnicos de Confederación entrar en sus parcelas para hacer las mediciones necesarias. En realidad, indican desde asociaciones vecinales, sólo conseguirían retrasar lo que tiene que pasar, pues la administración recurría al juzgado y obtendría una orden para entrar y medir. "Nadie tiene que asustarse cuando vea que miden en su parcela. Es sólo un paso legal que hay que dar", insisten en las asociaciones.

Confederación también explicó a los vecinos que la reunión con los vecinos no se convocó tras la catástrofe de la riada, sino que estaba prevista desde hace más de un mes. En concreto, Martín exhibió en el encuentro documentos que demuestran que el pasado 9 de abril ya que tenía la previsión de citar ayer a los vecinos, dentro de todo el programa informativo que había diseñado el órgano regulador de la cuenca tras haberse concluido la fase de notificación a los vecinos, que ha requerido prácticamente un lustro de trámites burocráticos y demoras.

La reunión que sí fue de urgencia fue la del pasado jueves, convocada a petición de los propios vecinos y en la que las autoridades informaron del inminente comienzo de los trabajos de deslinde. El mismo día de la riada, y con los pies en el barro, el ingeniero jefe ya había anunciado que "en una semana o diez días" los técnicos estarían trabajando en los puentes. Los plazos se están cumpliendo.

Tras la delimitación de las zonas de dominio público en los 42 kilómetros de ríos a deslindar, se sabrá al fin por donde va el dominio público hidráulico y las servidumbres. Después habrá un periodo de alegaciones de tres meses. Apenas el primer paso de una larga travesía por la burocracia que espera a todos los propietarios.

En la zona aún habrá expedientes que acabarán con demoliciones de chalés y construcciones (con sus alegaciones y recursos correspondientes), planes de urbanización de las zonas urbanizadas al margen de la ley, constitución de juntas de compensación para que los propietarios no afectados compensen a los afectados por estar sus parcelas en zonas de dominio público o viales y legalización definitiva de la zona. "Los propietarios son los primeros beneficiados de todo este proceso, pues verán sus parcelas convertidas en suelo urbano y por tanto de mucho más valor", dicen en asociaciones de vecinos.

Por lo pronto, los vecinos afectados por la riada siguen trabajando en sus parcelas y chalés para devolverlas a la normalidad, mientras que sigue activo el dispositivo municipal para atender a las familias más perjudicadas.