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El preocupante incremento del desempleo en la provincia de Granada, con casi 51.000 personas apuntadas en las listas del paro, unido al hecho de que las contrataciones indefinidas no acaban de despegar pese a las generosas medidas aprobadas por el Gobierno, ha revalorizado extraordinariamente la oferta pública de trabajo que cada año convocan las distintas administraciones.

Los otrora denostados puestos de funcionarios, laborales y estatutarios son cada vez más apetecidos por miles de granadinos, muchos de ellos licenciados universitarios, que ven como única opción válida a sus aspiraciones profesionales conseguir un puesto de labor en cualquier ayuntamiento, en la Junta de Andalucía, en la Administración General del Estado o en las distintas universidades. Puestos todos ellos que tienen como valor añadido el que son seguros y en buena parte de los casos, permiten desarrollar una carrera profesional que de culminarse con éxito garantiza incluso unas elevadas percepciones económicas.

En la actual coyuntura económica en la que nos encontramos, con un periodo de al menos dos años en el que la generación de empleo puede seguir las mismas pautas que en los últimos meses, no es de extrañar que muchos jóvenes desconfíen del tipo de trabajo que les ofertan las empresas privadas. No es para menos. Si analizamos someramente la situación, podremos apreciar que Granada se mantiene como una de las provincias donde reina desde tiempo atrás el empleo temporal. Los últimos datos, los correspondientes al pasado mes de abril, así lo confirman, puesto que si bien es verdad que el número total de contratos se situó en 34.319, lo que equivale a un crecimiento del 8 por ciento con respecto a marzo, no lo es menos que de esta cantidad tan sólo 1.886 fueron con carácter indefinido. Un exiguo 5,4 por ciento.

Aunque la media nacional y autonómica sobre empleo indefinido tampoco es para tirar cohetes, sí se sitúa muy por encima de la granadina. Un 12,97 por ciento en el primero de los casos y un 6,13 por ciento en el segundo, fueron contratos estables. La diferencia salta a la vista.

Así las cosas, cuantas personas en demanda de empleo pretendan conseguir uno con un mínimo de condiciones de estabilidad y perdurabilidad en el tiempo, no pueden por menos que hincar codos y presentarse a cualesquiera de las oposiciones que anualmente convocan las distintas administraciones públicas.

No es una mala salida para quien quiera trabajar para las administraciones. De hecho, Granada cuenta ya con 59.090 empleados públicos, cuando hace tan sólo ocho años las distintas administraciones y la Universidad daban trabajo a unos 49.000. Es decir, en este periodo de tiempo el número de puestos de trabajo públicos se ha incrementado en poco más del 20 por ciento. La provincia se aproxima así a pasos agigantados a los 60.000 empleados públicos, un número al que podría equipararse el de parados si no se rompe la vertiginosa trayectoria ascendente del desempleo registrada en los últimos meses.

Desbrozado el último boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, correspondiente al pasado ejercicio, resulta que la Junta de Andalucía acapara por sí sola más de la mitad de todos los puestos existentes (51,13 por ciento) con 30.217 empleados a su cargo en el conjunto de la provincia de Granada. Le siguen, ya a gran distancia, los 168 ayuntamientos y la Diputación, que aglutinan a 14.942 trabajadores. La Administración General del Estado ocupa el tercer puesto en este particular ranking, con 9.602 empleos, y por último, la Universidad de Granada que acumula por su parte otros 4.329 más.

Pero todas estas cifras, como ya sucediera en el citado periodo de tiempo, se quedarán desfasadas en el muy corto plazo. El régimen competencial de Andalucía, máxime tras la aprobación del nuevo Estatuto, es cada vez mayor. También crecerán con ello las necesidades de personal y, por consiguiente, de empleo público. Otro tanto cabría decir de los ayuntamientos, que cada vez han de hacer frente a mayores demandas de sus vecinos y han de emplear a un mayor número de personas. En menor medida, igual ocurrirá con la Administración del Estado y con la Universidad.

Pues bien, para cubrir toda la demanda que tengan unas administraciones y otras se presentará una legión de aspirantes. No sólo procedentes de la propia provincia granadina, sino de cualquier otra del territorio nacional pues las convocatorias son públicas y tienen una difusión nacional. Baste señalar que el número de ciudadanos que se presentan a posiciones crece a un ritmo del 15 por ciento anual.

Igual ocurre con los granadinos que opositan fuera de nuestras fronteras provinciales y que les lleva a concurrir ante convocatorias en los rincones más insospechados de España. Por lo general, son gente joven, sin cargas familiares y que no les importa vivir en una provincia u otra.

La presidenta en Granada del sindicato de empleados públicos CSI-CSIF, Mercedes Casares, opina que el ideal de muchos jóvenes y no tan jóvenes sin empleo "es sacar una plaza en cualquier administración". La razón, a su juicio, es obvia: "la función pública ofrece estabilidad y continuidad en el tiempo. E incluso, promoción".

Por lo que a las retribuciones se refiere, Casares mantiene que al existir tan diferentes escalas en el trabajo público no cabe calificar con el mismo rasero a todos los sueldos. "En líneas generales, estos trabajadores están mal retribuidos desde hace muchos años, han perdido poder adquisitivo que será muy difícil de recuperar", señala. La prueba más evidente ha sido la aplicación de subidas claramente insuficientes, como la mitad (2 por ciento) de lo que ha supuesto la inflación en los últimos años.

O el hecho de que la remuneración base, la que se toma como referencia a la hora de fijar las pensiones tras la jubilación, es muy baja y las mejoras en los sueldos vienen por conceptos que no consolidan el salario real.