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Las entidades financieras no son las únicas que padecen estos días los coletazos de la recesión económica. La morosidad también está haciendo mella a pequeña escala en las arcas de las juntas de vecinos. Los administradores de fincas consultados por este periódico afirman que cada vez son más los propietarios que dejan sin pagar un recibo ante la imposibilidad de asumir los costes ordinarios de la comunidad en la que residen.

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, Jesús Luque, corrobora este fenómeno e insiste en que las devoluciones han aumentado considerablemente en los últimos meses. "Desde el Colegio no las tenemos cuantificadas, pero nos consta que es una realidad que va a más, sin ser aún alarmante. De momento, el incremento ronda el 4 por ciento", estima Luque.

Pilar Cordero, administradora de fincas de la capital, afirma que la morosidad es un problema incipiente que, según sus cálculos, irá a más en la medida en que empeore el escenario económico. "Al igual que la gente compra menos y no llega a fin de mes, si la cosa se complica también habrá muchos inquilinos que tengan que retrasarse en el pago de la comunidad", señala.

No obstante, Cordero recuerda que los vecinos están concienciados con la importancia de abonar religiosamente las cuotas desde el endurecimiento de la Ley de Propiedad Horizontal, reformada en 1998.

En esta misma línea, fuentes judiciales precisan que dicho cambio normativo propició el camino hacia los juzgados. "Ahora es menos complicado que la comunidad pueda pleitear contra aquellos propietarios o inquilinos morosos. Además, -añaden- hay que tener en cuenta que, según esta ley, el cobro de la deuda adquirida con una comunidad tiene prioridad sobre, por ejemplo, la de una hipoteca", precisaron.

Los administradores más veteranos, como Jorge Gómez (de Administradores Torquemada) afirman que el impago de los recibos de la comunidad es una práctica inherente a los periodos de vacas flacas, especialmente en barriadas de clase media. Así, advierte que a comienzos de los 90 también notaron bastante estos retrasos en los pagos que, según sus números, afectan ya a alrededor del 10 por ciento de vecinos de una comunidad.

Manuel Mora, administrador de la consultora Audioconsulting, coincide con esta estimación. "Nos consta que, como mínimo, uno de cada diez vecinos está teniendo dificultades para afrontar la cuota. Se trata de inquilinos o propietarios a los que no les llega el dinero y tienen que retrasar el pago de algunos meses", esgrime.

Cuando un vecino deja de abonar una cuota su nombre pasa a integrar la lista de morosos de la comunidad, colgada en el tablón de anuncios. Al respecto, los administradores sostienen que esta publicación suele ser un revulsivo, aunque no siempre funciona. En caso de que el impago no se resuelva, el asunto pasa al departamento jurídico. Cuando la deuda no excede los 30.000 euros se sigue un proceso monitorio que facilita la liquidación por vía judicial.

Presentada la demanda y admitida en el juzgado, el juez requerirá al propietario deudor para que en el plazo de 20 días pague o manifieste, por escrito, las razones por las que no lo hace.