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En los barrios de Puente de la Sierra y Puente Jontoya pronto se dejará de ocultar cuántos serán los chalés que habrá que derribar para poder encauzar los ríos. Tampoco seguirán siendo de conocimiento privado las identidades de sus propietarios. Tras el comienzo del proceso de deslindes de la zona incluida en el dominio hidráulico público (por tanto, inundable) hace más de año y medio, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir llega a su fase final. Se trata de "negociar" con los afectados por el dominio público las alternativas al derribe. Esto se hace con la presentación de recursos al proyecto inicial de trazado del cauce de los ríos.

Los afectados recibieron la primera notificación por parte del Ayuntamiento a través de cartas remitidas a sus propias casas. Incluso hizo falta la colaboración de los vecinos y de la Policía Local para encontrar a muchos de los propietarios con residencias habituales desconocidas. Después, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir visitó "una a una" las viviendas afectadas. Sobre el plano les explicó a los dueños la situación en la que se encontraban, tanto en los casos de que la cercanía al río de la vivienda pueda solventarse con una pequeña modificación del cauce, como en los que el derribo será el único modo de acometer el encauzamiento.

El ingeniero jefe de la CHG, José Martín, indica que ésta ha sido una fase muy laboriosa de la que quedan aún algunos "coletazos". Asegura que la colaboración vecinal ha sido positiva desde el primer momento. No en vano, se les ha requerido todo tipo de documentación para justificar la presencia de sus chalés en la zona no urbanizable.

La comunicación definitiva sobre el deslinde o estaquillado (se podrá realizar también por GPS) llegará en unos dos meses. Dice el ingeniero jefe que, viendo los planos, es previsible el número de chalés que habrá que derribar. Pero ni él, ni el propio subdelegado del Gobierno, Fernando Calahorro, se atreven a ofrecer la cifra exacta. Tampoco una aproximación.

Fue el propio Calahorro el que en el año 2005, y una vez que se firmó uno de los convenios para evitar las inundaciones de los puentes, cuantificó los chalés afectados en 155. La cifra causó tal revuelo y alarma social que, desde ese momento, ninguna Administración se ha atrevido a mencionar más un número. Para el ingeniero jefe de la Confederación del Guadalquivir en Jaén lo importante no es qué chalés estén en zona inundable y cuáles no. "En los puentes es fundamental contar con un plan de ordenación eficaz". Esto último es competencia casi exclusiva del Ayuntamiento de la capital.