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La Guardia Civil ha logrado desarticular una organización dedicada al tráfico ilegal de inmigrantes, en la denominada operación "Balisa", y detenido a 12 personas de nacionalidad española y marroquí -de las que ocho están ya en prisión y cuatro son mujeres- en varias comunidades autónomas, aunque su cúpula se asentaba en Almería.

La actuación comenzó en el mes de noviembre y ha atacado una red compleja cuyos miembros fletaban embarcaciones desde el norte de Marruecos a la costas españolas -fundamentalmente a Cádiz- en las que viajaban los extranjeros a los que, a su llegada, vendían contratos de trabajo y documentos falsificados gracias a los que presentaban en la administración española solicitudes para obtener permisos de residencia y de trabajo. En concreto, el "modus operandi" de la red pasaba porque una parte de ellos, previo pago convenido, se encargaba de captar y reclutar en Marruecos a inmigrantes para hacerlos llegar en embarcaciones neumáticas a las playas de Cádiz.

Los extranjeros, entre los que había menores de edad, eran después trasladados a otras provincias donde otra parte del grupo se encargaba de facilitarles documentos falsos o falsificados para presentar las solicitudes de residencia en las oficinas de Extranjería de las subdelegaciones del Gobierno de Almería y de Granada y en la Delegación del Gobierno de Murcia.

Contrato por 800 euros

Según las investigaciones de los agentes encargados del caso, por los documentos que les preparaban, los inmigrantes pagaban entre 150 y 350 euros. Pero, sin duda, el más importante de los que necesitaban era un contrato de trabajo, que la red encontraba a través de empresarios con sociedades de escasa actividad. Los estafados desembolsaban entre 800 y 1.000 euros por ese trabajo. Otra manera de arreglar este "asunto" por parte de la organización para introducir, así, inmigrantes de manera fraudulenta era la contratación en origen, a través del catálogo de puestos de trabajo de difícil ocupación, para lo que requerían de cantidades más elevadas. Incluso, apuntaron desde el Cuerpo, efectuaban matrimonios de conveniencia.

Por si todo este historial no fuera suficiente, la Guardia Civil también conoció durante el desarrollo de la investigación que tres de los miembros de la red se aprovecharon de la vulnerabilidad de una de las inmigrantes que usó sus servicios para obligarla a prostituirse en un club de alterne de Alicante. Esa era, aseguraron desde la Comandancia almeriense, la condición indispensable que le pusieron para que pudiera hacer efectivo el pago acordado por una documentación falsa que le permitía acceder a la residencia legal en España.

Por ello, a estos tres presuntos delincuentes se les acusa de un delito contra la libertad relativo a la prostitución, además de los mismos delitos de estafa, falsificación de documentos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores por los que tendrán que dar explicaciones en un juicio el resto de sus nueve compañeros. De otro lado, de un primer análisis de la documentación intervenida en la operación se ha tenido la constancia de que los documentos falsos que se vendía a las víctimas se lograban a través de medios informáticos y que los detenidos se centraban en la reproducción de documentos originales tales como certificados de empadronamiento, de consultas médicas o de contratos de trabajo, por ejemplo.

Se sigue analizando la documentación y efectos intervenidos en los diez registros domiciliarios que se efectuaron en Almería, Adra, El Ejido y Vélez Málaga (Málaga) aunque el estudio realizado hasta el momento ha cuantificado que las actividades de la organización delictiva han facilitado la presentación fraudulenta de más de 200 expedientes de extranjeros.

Y es que las ramificaciones de la red llegaban a otras provincias andaluzas, de Cataluña, de Valencia y Murcia en las que se captaban también inmigrantes en situación irregular. En estas zonas, había actividades de intermediarios claros por lo que, detallaron en un comunicado a la prensa, la operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones dentro de la misma. De los 12 detenidos, entre los que se encuentran cuatro mujeres, ocho ingresaron en la cárcel de manera preventiva por orden judicial mientras que el resto quedaron en libertad con cargos.

Para algunos de los miembros de la red no era su primer contacto con actividades ilegales ya que varios contaban con antecedentes por tráfico ilegal de inmigrantes así como por tráfico de drogas y uno de ellos era buscado desde 2005 por un juzgado de vigilancia penitenciaria de la comunidad autónoma de Castilla-León.