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La crisis del ladrillo comienza a mostrar las otras caras de la moneda. A las cifras de despidos de obreros y "pinchazos" en la burbuja inmobiliaria se suman ahora los efectos secundarios que trae consigo toda recesión. Las asociaciones de consumidores de Málaga empezaron a recibir hace ya algunos meses las primeras quejas por irregularidades en el cumplimiento de los compromisos que las promotoras inmobiliarias adquieren en los contratos de venta de viviendas de nueva construcción.

Aunque tal como señala María Teresa Martínez, abogada de la Federación de Consumidores y Amas de Casa Al-Ándalus, "se producen quejas por cuestiones muy variadas". Desde octubre la asociación ha registrado un aumento de hasta un 50 por ciento de denuncias por claúsulas abusivas en los contratos de este tipo.

Al parecer, con la subida del Euríbor, muchos clientes se ven incapaces de cumplir con los pagos de la hipoteca y toman la decisión de resolver el contrato de compra- venta de la vivienda, la mayoría de ellas aún en construcción. Las reclamaciones vienen cuando, según explica Martínez, las promotoras aceptan rescindir el contrato, pero no devuelven a los clientes el dinero entregado hasta ese momento.

Algunos de estos casos guardan relación directa con el frenazo del mercado inmobiliario. Hay quien contrató con una promotora un préstamo al que pensaba hacer frente con la ampliación de la hipoteca de la vivienda en la que habitaba -hipotecas puente-, planeando que con la venta de ésta podría hacer frente al pago de aquella. El problema es que, tal como está hoy el mercado, muchos no consiguen vender la vivienda y, por ende, no pueden seguir con los préstamos.

La mayor parte de las personas que reclama por esta cuestión dice desconocer que en el contrato figurase un epígrafe que amparase a la promotora en estos casos. Aún así, desde Al-Ándalus informan que este tipo de claúsulas se consideran "abusivas" y que los consumidores tienen derecho a denunciar.

A veces, en los documentos figuran pequeñas penalizaciones que los clientes tienen que pagar si deciden resolver su relación contractual con la promotora. Aún así, Martínez aclara que "la ley ampara al consumidor al considerar que se abusa de los clientes" y añade que existe una amplia jurisprudencia que así lo certifica.

De las tres o cuatro denuncias diarias que esta asociación recibe desde hace varios meses, muchas se refieren también a situaciones de indefensión que se dan al no aclararse la fecha de entrega de las viviendas en los documentos del contrato. En estos casos, "la ley también da la razón al consumidor e incluso condena a las promotoras a pagar el gasto deducido de los retrasos en la entrega de las casas", comenta Martínez. En todo caso, las asociaciones recomiendan "acudir a nosotros antes de firmar cualquier contrato para evitar problemas más graves", concluye Martínez.