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Las víctimas de la violencia machista en la provincia de Almería tienen rostro de mujer extranjera. El 39,1 por ciento de las más de 1.500 mujeres que sufrieron malos tratos en 2007 fueron de origen extranjero.

Este dato lo aportó ayer la Subdelegación del Gobierno en la inauguración de las primeras jornadas sobre "Violencia de género y protocolo de actuación para mujeres inmigrantes", un acto en el que la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, detalló, entre otros aspectos, las medidas específicas de intervención adoptadas desde el Gobierno para "corregir la desigualdad" que, según dijo, constituye la base de "esta gravísima lacra social". En España, el porcentaje de mujeres extranjeras maltratadas es sensiblemente inferior al de Almería: un 29,4 por ciento de las denuncias fueron puestas por inmigrantes. Este dato revela un "perceptible" incremento de la incidencia de este tipo de violencia entre el colectivo inmigrante.

Consuelo Rumí dijo que el Gobierno no puede "ignorar" la realidad de estas mujeres por lo que se empleará de forma prioritaria para erradicar la discriminación y la "lacra" que supone la violencia machista.

La secretaria de Estado destacó las "grandes" actuaciones del Ejecutivo español: el Plan de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género y el Plan Estratégico de Ciudadanía e Inmigración.

Estas herramientas incorporan medidas específicas de intervención con víctimas de maltrato de origen extranjero, centradas en su asesoramiento y formación, aspectos que se extienden también a los profesionales que trabajan en este campo.

Consuelo Rumí destacó que entre 2005 y 2007, el Gobierno ha aportado a las Comunidades Autónomas 1,25 millones de euros para trabajar específicamente contra la violencia de género, además de estar en preparación una iniciativa para traducir a distintos idiomas folletos informativos relacionados con esta "realidad intolerable".

Rumí, quien subrayó la necesidad de sensibilizar a los actores sociales que trabajan con población extranjera y el importante papel que han de juzgar los colectivos inmigrantes en la detección de los malos tratos, reconoció los "obstáculos que aún quedan por resolver" en la lucha contra la violencia machista, y sobre todo, los relacionados con la situación legal y laboral de las mujeres, situaciones que dificultan el acceso a los recursos de la Administración.