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Bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito llevan varios meses inmersos en una política de "cerrojazo" a cuantos créditos hipotecarios les solicitan empresas promotoras de viviendas y ciudadanos que pretenden adquirir una de ellas. Las entidades financieras miran con lupa cada petición, conscientes del riesgo que asumen en una situación de crisis como la presente y que aún está lejos de tocar suelo. Baste señalar que según los últimos datos publicados por el INE, el número de hipotecas constituidas sobre fincas rústicas y urbanas en la provincia de Granada alcanzó las 2.251 durante el pasado mes de marzo. Justamente un año antes, en marzo de 2007, este volumen ascendía a 3.512. La caída, por tanto, es de un notable 64 por ciento. Si nos atenemos al montante económico que suponen, la diferencia también resulta notable: 493 millones en marzo de 2007 frente a 262,7 de un año después.

La concesión de préstamos con muchas más cautelas de las que existían hace tan sólo un año, ha alimentado el desplome del sector inmobiliario en el último ejercicio. Y no son pocos los responsables empresariales del mismo que hablan abiertamente de "hostigamiento" por parte de las empresas financieras a su actividad, al denegarles el dinero con el que emprender nuevas promociones. Incluso censuran que las entidades hayan cortado la subrogación de créditos a sus clientes.

El Colegio Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Granada estima que en estos momentos tan sólo tres de cada diez solicitudes de préstamos hipotecarios llegan a buen puerto. Su presidente, Germán Navarro, se muestra convencido de que este porcentaje puede ser incluso menor. Sostiene que la situación del mercado de la vivienda por la que atraviesa esta provincia -y por extensión, el resto del país- "ha acabado con la alegría con la que se concedían los hipotecarios hace sólo un año".

En opinión de Navarro, detrás del citado "cerrojazo" que aplican las entidades financieras a la concesión de nuevos hipotecarios, están los graves problemas de liquidez que padecen bancos y cajas en el mercado interbancario. "Hay poco dinero disponible y a un elevado precio", señala Navarro. También otra cuestión no menos preocupante, como es el hecho de que los impagos crecen forma acelerada, mucho más rápido que lo que era previsible.

Y los datos parecen justificar las cautelas con que se mueven las empresas financieras en la materia que nos ocupa. Según la última información facilitada por el Banco de España, los créditos dudosos de los promotores con bancos y cajas de ahorro han crecido nada menos que un 78,3 por ciento, hasta llegar a los 2.581 millones de euros a nivel nacional.

Aunque pueda parecer contradictorio con lo antes reflejado, lo cierto es que al término de marzo pasado, la financiación a los promotores alcanzó en todo el territorio nacional la nada despreciable cifra de 311.274 millones de euros, con incremento interanual del 17,6 por ciento. Pero tan importante cantidad no debe ocultar que el crecimiento de un año antes, en marzo de 2007, era del 46 por ciento. Ahí está la clave de la evolución a la baja de estos préstamos.

Pero si complicada es la relación de las empresas crediticias con los promotores, tampoco es muy boyante la que mantienen con las familias. Los últimos datos, en este caso de la Asociación Hipotecaria Española, desvelan que al término del citado mes de marzo, el nivel de impagados con respecto al total de créditos concedidos con garantía hipotecaria, subió al 0,99 por ciento, cuando un año antes era de la mitad.

La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) es una de las organizaciones que lleva tiempo alertando de la política que practican bancos y cajas de ahorros en materia hipotecaria. Se asegura desde la misma que las condiciones a las que se enfrenta un ciudadano para lograr un préstamo hipotecario con el que financiar una vivienda habitual, se han endurecido hasta extremos insólitos. "Piden garantías extraordinarias, no suelen ofrecer el 100 por ciento del valor de la vivienda y por si fuera poco, las tasaciones que hacen sobre la misma no son tan altas como hace tan sólo un año", explica Pablo A. Pérez, delegado territorial de Ausbanc en Granada y Jaén.

Por si lo anterior no fuese suficiente, el solicitante del préstamo hipotecario tiene que acreditar una suficiente capacidad de reembolso y ser lo suficientemente joven como para hacer frente a un crédito a 35 o 40 años vista.

Para el caso de las segundas viviendas, las que no son residencia habitual, las condiciones son aún más duras. Según Ausbanc, entre un 30 por ciento y un 40 por ciento de las entidades financieras que trabajan en España descarta de entrada financiar este producto y el resto aplica diferenciales sobre el Euríbor de un punto e incluso más, lo que ya de por sí retrae las aspiraciones de cualquier solicitante.

Por lo que a los promotores respecta, bancos y cajas igualmente han restringido el crédito. Entre otras medidas, las entidades financieras aplican condiciones como la venta de una parte de la promoción para obtener el crédito hipotecario. Y en caso de que ello no ocurra, el promotor tan sólo podrá disponer de entre un 40 por ciento y un 50 por ciento de la cantidad total que ha solicitado. Ello conlleva, en algunos casos, que las promociones se paralicen y que el perjuicio económico para el empresario sea notable.

Más aún. Las firmas crediticias analizan la situación financiera y contable de las promotoras con rigor. Si no ven claro su posicionamiento, no les conceden el préstamo. Incluso, desde la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada se resalta que el hecho de que las empresas no pueden financiar ya su circulante con préstamos personales a la misma empresa o sus socios. "Ahora los bancos te exigen más garantías, que sean préstamos hipotecarios", señala el presidente de esta organización empresarial, José Manuel Hidalgo.

Según Hidalgo, resulta "verdaderamente preocupante" que las subrogaciones automáticas de todos los préstamos hipotecarios "hayan pasado a la historia". En su opinión, bancos y cajas exigen a los clientes un completo análisis de riesgo antes de tomar una decisión al respecto.