Noticias Ya.com

Parece que el reformatorio de San Miguel tiene los días contados. La Junta de Andalucía ha emprendido "gestiones para encontrar una ubicación más adecuada" para el correccional de delincuentes infantiles y juveniles de Granada, que está situado en la parte alta del barrio del Albaicín.

El anuncio del inicio de la búsqueda de un nuevo emplazamiento para el centro está incluido en el último informe del Defensor del Pueblo Andaluz, que es un balance de las actividades desarrolladas por dicha institución durante el pasado año 2007. En una respuesta por escrito a una serie de quejas planteadas ante la oficina que dirige José Chamizo, la Dirección General de Reforma Juvenil -que depende de la Consejería de Justicia- indica que el cambio de ubicación del reformatorio "permitirá la ampliación de las plazas disponibles". Es decir, que el nuevo centro será más amplio que el actual, que tiene capacidad para algo más de una treintena de condenados.

Se da la circunstancia de que el Cerro de San Miguel -en cuya cumbre se alza el reformatorio- está estos días en boca de todos por razones urbanísticas. El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) denunció recientemente que el PP pretendía "privatizar" el promontorio, un extremo que el viernes fue desmentido de forma tajante por Isabel Nieto, la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada.

Según Nieto, la nueva redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) -pendiente aún de aprobación- establece que el Cerro de San Miguel seguirá siendo un espacio verde en el que no se podrá edificar. La idea es que la zona se convierta en un reclamo turístico de primera magnitud gracias a la recuperación y potenciación de sus valores paisajísticos e históricos.

Parece que en ese contexto no "pega" demasiado el correccional de San Miguel, que, por lo demás, se ha quedado obsoleto.

Al margen de las implicaciones colaterales, lo cierto es que en Granada, y en Andalucía en su conjunto, hacen falta más centros para que los niños y adolescentes que han delinquido cumplan sus condenas. Según el Defensor del Pueblo Andaluz, la carencia de plazas convierte en poco menos que en papel mojado "el derecho que reconoce la Ley de Responsabilidad Penal del Menor el cumplimiento de la medida de internamiento impuesta por el juzgado en un centro cercano al domicilio familiar". La lejanía, viene a concluir la institución que dirige José Chamizo, puede suponer un castigo añadido tanto para chaval como para su familia.

En este sentido, el informe del Defensor hace referencia a la queja de un chico que, pese a su juventud, era padre de un recién nacido al que no podía ver con la asiduidad que deseaba.

Lo más normal, no obstante, es que sean las madres de los internos las que dejen patente su malestar por un estado de cosas que les supone, además de padecimientos sentimentales, un importante quebranto económico.

En opinión de Chamizo, no estaría de más que la Junta se plantease, "de cara a futuros ejercicios presupuestarios, el establecimiento de una línea de ayudas económicas para facilitar el desplazamiento de los familiares a los centros en los que los menores se encuentran internados".

Esas aportaciones contribuirían "a paliar el déficit de contactos familiares", un fenómeno contraproducente que, "en muchas ocasiones (...), obedece exclusivamente a cuestiones económicas".

En su respuesta, la Junta se compromete a estudiar la propuesta del Defensor del Pueblo Andaluz, pero advierte de que es un asunto complejo.