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El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y presunto cerebro de la trama urbanística desarticulada a través de la "operación Malaya", Juan Antonio Roca, cambió hoy su declaración previa y admitió ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haber entregado en mano 70.000 euros al que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 2 marbellí Francisco Javier de Urquía a cambio de posibles favores judiciales. "Le di el dinero a De Urquía en metálico en mi oficina de Marbella", aseveró Roca, quien aseguró que "no es fácil" para él hacer esa declaración.

Según el escrito de acusación del fiscal, los hechos se remontan al 14 de marzo de 2006 cuando Roca le puso una querella en el juzgado de guardia al dueño de una televisión local por un posible delito contra la intimidad y el derecho a la imagen en la emisión de un programa sobre él. De Urquía, primero cerró el programa y luego, archivó la causa, por lo que la emisión se retomó.

El juez le habría incluso asesorado a Roca sobre cómo presentar el recurso para subsanar algunos defectos que le llevaron a decretar el auto inicial. Por estas fechas, De Urquía decidió adquirir una vivienda y, según el fiscal, de común acuerdo con Arnaud, se dirigieron a Roca para que les ayudara en la compra, hasta tal punto que el ex asesor urbanístico asumió el pago en metálico de 63.000 euros y 10.800 más, cuyos recibos, así como un sobre con 73.800 euros, hizo llegar al juez. Roca eximió al empresario Arnaud Fabrice A., acusado también en la causa, de su actuación como intermediario, al declarar que los asuntos los trató directamente con el juez De Urquía.

Después de que el juicio, el primero que se celebra por una pieza separada del "caso Malaya", sufriera ayer un aplazamiento al abstenerse de participar en la vista el fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, el ex asesor de Urbanismo de Marbella sorprendió hoy a la sala al admitir "parcialmente" la acusación formulada por el Ministerio Fiscal en cuanto a los delitos en los que se le implica como cooperador necesario de asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público y de cohecho.

Roca, no obstante, expresó su disconformidad con "cómo ha narrado los hechos" el Ministerio Fiscal, alegando su insatisfacción con el artículo del Código Penal esgrimido por el Ministerio Público. De cualquier manera, Roca reconoció haber entregado al juez De Urquía 70.000 euros para recibir ayuda en materia judicial y, cuestionado acerca de los asuntos judiciales que entonces tenía en mente, admitió que sólo esperaba acudir a la Justicia para emprender acciones legales contra Cristóbal del Toro a cuenta de un programa de televisión dedicado especialmente a su persona.

Ante la pregunta del abogado del juez De Urquía, Antonio González Cuéllar, de por qué ha cambiado su declaración, Roca afirmó que al ser la primera vez que se enfrenta a un tribunal ha decidido, incluso con la oposición de su letrado, "decir la verdad". Negó haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía, haber recibido amenazas o tener algún pacto con personas interesadas en condenar al juez.

Ante este testimonio, la defensa del magistrado pidió la suspensión del juicio para solicitar la práctica de diligencias que demuestren lo dicho por el ex asesor urbanístico, lo que denegó la Sala. El siguiente en declarar, también como imputado, es el francés Arnaud F.A., para quien, al igual que para Roca, el fiscal pide tres años de cárcel, 9 de suspensión de empleo o cargo público y 177.000 euros de multa como cooperadores necesarios del delito de asesoramiento accidental y por cohecho.

Después lo hará De Urquía, que ejerce su defensa asistido por un letrado y para quien el Ministerio Público propone una condena de tres años de cárcel, 19 de inhabilitación y 213.000 euros de multa por prevaricación judicial, cohecho y asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario.