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La Consejería de Salud reclamará que los autores de agresiones a profesionales sanitarios afronten, además del pago de la indemnización, los costes derivados de la baja laboral de las víctimas, de su atención psicológica y de los daños materiales. Así lo manifestó la consejera de Salud, María Jesús Montero, tras entrevistarse en Granada con el fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, a quien también ha solicitado que se extienda más en la práctica la calificación de este tipo de agresiones como delitos de atentado en los casos en los que haya habido un peligro real para la seguridad del profesional.

Para Montero, que el agresor afronte todo el coste derivado de una agresión, desde la baja laboral hasta la asistencia psicológica de la víctima, supone "gravar más" su conducta. Para ello, la Consejería de Salud ha solicitado a la Fiscalía que en los expedientes sobre agresiones a personal sanitario incorpore la petición de que el agresor asuma esos costes, que en la actualidad afronta el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Por su parte, el fiscal jefe del TSJA entiende que iniciativas como ésta y la de tipificar como delito de atentado la agresión a personal sanitario, que el Ministerio Público ya aplica en algunos casos, puede contribuir a "perfeccionar" los mecanismos con los que se afronta en la actualidad la violencia en el ámbito sanitario. Además, el fiscal subrayó la importancia de profundizar sobre el móvil del agresor a la hora de tipificar el delito, al precisar que si se trata por ejemplo de un toxicómano, éste se encontrará en una situación de "semi-imputabilidad o inimputabilidad", pero si el autor de la agresión ha actuado motivado por el hecho de que el profesional no ha querido concederle la baja laboral, la situación cobra mayor gravedad.

Según Montero, las agresiones registradas en Andalucía desde la puesta en marcha, en abril de 2005, del registro de violencia, ascienden a 2.219, de las cuales 591 fueron físicas.