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Torremolinos ha decidido plantarle cara al vandalismo. Siguiendo la máxima de que el que rompe paga, el Ayuntamiento ha aprobado una ordenanza de protección y defensa de la convivencia ciudadana y de los bienes de dominio público municipal. El articulado establece sanciones que van desde 60 a 30.500 euros.

El alcalde, Pedro Fernández Montes (PP), ha apuntado que el objetivo de la nueva normativa es disuadir a aquellos que pretendan cometer un acto vandálico, así como defender los bienes ciudadanos y el patrimonio municipal. Las conductas incívicas podrán ser multadas con sanciones que oscilarán entre un mínimo de 60 euros a un máximo de 30.500 euros, en función de su gravedad. Las acciones podrán considerarse como leves, graves o muy graves y será el propio regidor quien valore cada caso.

En este sentido, Fernández Montes ha apuntado que la ordenanza se aplicará siempre de una forma "responsable". "Se trata de que aquel que rompa, debe pagar", aseveró el alcalde, quien destacó que lo prioritario de la norma es salvaguardar las fuentes, monumentos, bancos, farolas, contenedores y evitar las pintadas en las calles y edificios públicos.

Entre los comportamientos que se podrán penalizar, la ordenanza incluye la realización de pintadas, destrozos de mobiliario, reparto indiscriminado de publicidad o conductas negligentes de ruido o en el depósito de basuras, entre muchas otras.

"Aunque lo ideal sería que todo el mundo se comportara como debiera, lo cierto es que esto es una utopía, por lo que nos hemos visto obligados a crear una ordenanza específica, tal y como han hecho ya otras muchas ciudades", ha declarado Fernández Montes, quien ha señalado que en los casos de infractores menores de edad, serán los padres o tutores quienes tendrán que asumir el importe de la multa. En todos los casos, será el alcalde el encargado de valorar en cada caso, abriéndose siempre un periodo para alegar.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Juan Ortuño, ha dicho que espera que no se haga un uso "partidista" de la ordenanza, ni se utilice para coartar la libertad de expresión, especialmente en periodos electorales. Félix Martín (IU) instó al equipo de gobierno del PP a realizar un uso "sin excesos" de la nueva normativa y pidió que no se sancionen actividades como el reparto de folletos. Martín ha pedido además la instalación en la localidad de columnas de expresión libre para dar salida de forma ordenada a este tipo de manifestaciones.