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El juzgado de lo Mercantil de Sevilla ha aceptado la suspensión de pagos de la inmobiliaria Contsa y ha nombrado tres administradores judiciales, al tiempo que uno de los inversores ratificó ayer su denuncia penal por presunta estafa y apropiación, otro la retiró y un tercero compareció ante la jueza pero no quiso dar cuenta de ello. Fuentes judiciales informaron ayer de que el Juzgado de lo Mercantil ha emitido un auto por el que declara el proceso concursal de la inmobiliaria, solicitado por ella misma, y ha nombrado como administradores judiciales a un economista, un abogado y un tercer administrador que designarán los acreedores.

Mientras, dos de los inversores se personaron en la mañana de ayer en el juzgado de instrucción número 17 de Sevilla, donde han presentado sendas denuncias por la vía penal acusando a Contsa de presuntos delitos de estafa y apropiación indebida. Un tercero, que tenía también previsto acudir decidió finalmente no ratificar su denuncia y no compareció.

El primero en llegar al Juzgado fue Manuel Jiménez Hurtado, que declaró durante una hora ante la juez. Jiménez Hurtado ratificó la denuncia que, en su caso, no va contra la empresa Contsa, sino que acusa a su apoderado, Fernando Laffore Cabo, por ser éste quien suscribió el contrato en el que la empresa se comprometió a revertirle un interés del 15 por ciento por una imposición de 36.000 euros en un plazo de un año. Sin embargo, después de percibir los intereses de su inversión correspondientes al primer mes, en noviembre del año pasado, este jubilado fontanero de profesión, no volvió a percibir cantidad.

Agregó que además de darle largas reiteradamente, los responsables de Contsa y más en concreto Fernando Laffore, le ocultaron que en el momento de realizar la inversión ya la empresa no tenía liquidez. "Si yo llego a saber que es así, de ninguna manera meto mi dinero, esto es una estafa", señaló Jiménez Hurtado, que rescató los 36.000 euros que tenía en un fondo de inversión para rentabilizarlos en Contsa.

El jubilado contó también a la juez que los responsable de la empresa le dijeron que tenían dinero en una "lista B" fuera de España.

El segundo afectado que acudió al juzgado ayer es un hombre que invirtió 120.000 euros, y tanto él mismo como su letrado se negaron a identificarse ante los periodistas o explicar su denuncia.

El tercer afectado citado había invertido 600.000 euros pero su demanda se refiere sólo a un pago de intereses que asciende a 90.000 euros, explicaron fuentes del caso. La no comparecencia de este afectado puede interpretarse como una retirada de la acusación.