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El imparable aumento del precio del gasóleo de automoción (variedad A) y del que utilizan los vehículos agrícolas (variedad B), ha colocado en una coyuntura extremadamente complicada a transportistas, taxistas, agricultores y ganaderos. Todos sin excepción, ven como sus respectivos negocios caminan a paso inexorable hacia una rentabilidad nula, puesto que temen -con razón- que el nivel de coste alcanzado por estos combustibles pronto pase a la historia y sea remplazado por otro aún mayor. De hecho, el miércoles las gasolineras de toda la provincia habían cambiado ya el precio que el primero de los combustibles mencionados tenía la pasada semana y lo habían incrementado con dos céntimos más, hasta alcanzar 1,15 euros por litro.

La alarma que la escalada de precios del gasóleo en sus distintas variedades ha provocado en los mencionados colectivos, tiene plena justificación. El combustible que utilizan los camiones, autobuses y taxis ha alcanzado un incremento de un 22 por ciento en el último año hasta superar, por primera vez en la historia, al de la gasolina sin plomo de 95 octanos. Lo que años atrás vaticinaron los expertos, que el coste del litro de gasóleo superaría al de gasolina en cualquiera de sus modalidades, se ha cumplido plenamente, consecuencia de su mayor demanda y de la necesidad de importar cada vez más toneladas de este producto.

Por lo que al gasóleo B respecta, el que alimenta a tractores, cosechadoras y a cualquier otra maquinaria empleada en el campo, la situación es si cabe aún peor. Su precio ha aumentado en el último año en un 33 por ciento, puesto que en marzo de 2007 se pagaba el litro a 0,62 euros y hoy cuesta algo más de 0,83.

El mazazo económico para los colectivos profesionales antes citados ha sido, por tanto, muy duro. Máxime cuando los productos y servicios que prestan a la sociedad sólo han podido incrementarlos, en el mejor de los casos, en en entorno de la inflación. Entre un 3 por ciento y un 4 por ciento. La diferencia con el principal coste de explotación que asumen, es más que notoria.

Transportistas

Los transportistas, quienes se dedican al traslado de mercancías o al reparto de paquetería de un punto a otro del país son los más perjudicados. España vivió hace tres años una huelga general de este sector que paralizó España. La situación podría repetirse de nuevo, pues la asfixia económica y los problemas que padecen cada vez hacen más precaria su situación. "Nuestros compañeros no llegan a fin de mes, pues la factura del gasóleo absorbe por sí sola el 50 por ciento de los costes de explotación de un camión, cuando no debería pasar en ningún caso del 30 por ciento", explica Juan Ordóñez, presidente de la Asociación General de Transportistas (AGT) de Granada.

Y es que un camión de gran tonelaje consume cantidades ingentes de gasóleo A. Del orden de unos 40 litros por cada 100 kilómetro, por lo que recorrer esta distancia le supone a su titular hoy día unos 46 euros de coste. La proporción baja en relación al tamaño del vehículo y al peso de la carga que transporta, pero los márgenes y costes van en la misma dirección.

Pero como los males nunca llegan solos, los camioneros granadinos -como sus colegas del resto del país- siguen padeciendo situaciones de "dumping" (cobrar los servicios que prestan por debajo del coste real de los mismos) pese a su expresa prohibición en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. "La ley no se aplica en muchos casos, lo que impide a muchos profesionales el repercutir en sus tarifas los sucesivos incrementos en el precio del gasóleo, pues carecen de un mecanismo que garantice su aplicación", añade Ordóñez. Así, si un camionero debe percibir una tarifa de 1,20 euros por kilómetro recorrido, en realidad cobra 0,95 e incluso llega a aceptar la carga por 0,60. Si se tiene en cuenta que el umbral medio de rentabilidad está por encima de los 0,75 euros igualmente por kilómetro, resulta evidente que no hay negocio por ningún lado.

Autobuses

En cuanto a las empresas de transporte de viajeros, la situación que padecen es similar: el elevado incremento del coste del gasóleo que utilizan incrementa extraordinariamente sus costes de explotación. Estas firmas tienen reguladas sus tarifas y el Ministerio de Fomento tan sólo les permite -en el caso de las líneas interprovinciales- incrementos anuales en paralelo al aumento de la inflación. De ahí que necesitan, cada vez más, que sus autobuses tengan mayor índice de ocupación para obtener rendimientos positivos. En las grandes líneas o en los servicios urbanos de transporte esto suele ser así, pero hay otras que comunican pequeños núcleos de población que son claramente deficitarias.

Los taxistas son otro de los colectivos a los que la subida del precio del gasóleo afecta de lleno. Cualquier vehículo de los que circulan a diario por las calles de la capital granadina puede consumir, por término medio, unos 50 litros de combustible diarios si es utilizado por dos conductores toda la jornada. Y éstos han de pagar el carburante al precio que marcan las gasolineras o un poco menos si repostan en la Asociación Gremial del Taxi. Y mientras el precio del combustible camina al ritmo mencionado, las tarifas que aplican estos profesionales las marca el Ayuntamiento, con subidas anuales también en línea con la inflación registrada.

Manuel Cebrián, presidente de la Asociación Gremial del Taxi de Granada, dice que la única forma de amortizar el impacto de la subida del gasóleo ha sido habitualmente con más horas de trabajo. "Pero ya ni ésto, pues el negocio está de capa caída ante la crisis económica que padecen muchos ciudadanos", explica. Más aún. Este responsable asegura que si hace tres años la rentabilidad de un taxi -el dinero que le quedaba limpio a su propietario cada mes- apenas alcanzaba los 800 euros, ahora la situación es aún peor.

Agricultores

Si alarmante es la situación de todos y cada uno de los colectivos antes citados, peor aún es la que viven los agricultores y ganaderos granadinos. Cualquier explotación necesita elevadas cantidades de combustible para que funcionen sus tractores, sus cosechadoras o los pozos de extracción de agua. Cada litro de gasóleo B, con un precio de 0,83 euros, está gravado por tres impuestos diferentes: el especial de Hidrocarburos, el de Ventas Minoristas y el de Valor Añadido (16 por ciento), que en su conjunto suponen el 25,5 por ciento del precio final de este carburante.

Para Manuel del Pino, secretario general de Asaja-Granada, resulta "absolutamente inasumible" que el aumento de los costes de producción en el conjunto de agro granadino haya pasado de 50 millones de euros que se registraba en 2005 a 90 millones en el presente año. "Casi se ha duplicado en apenas tres años y nosotros no podemos repercutir más que mínimamente estos costes en el precio final de nuestros productos, pues de lo contrario nos quedamos sin venderlos", afirma Del Pino. La situación en el campo es, en su opinión insostenible por más tiempo.