Noticias Ya.com

La Constitución Española establece en su artículo 119 que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y en todo caso, respecto a quien acredite insuficiencia de recursos para litigar. A este artículo se acogieron el pasado año 9.712 personas en Córdoba, de las que finalmente se asistió a 8.454 tras ser tramitado su expediente por la Delegación Provincial de Justicia.

Este año, a partir del próximo día 1 de julio entrará en vigor en Andalucía el nuevo reglamento que regula la asistencia jurídica gratuita, que pretende ser más ágil. De hecho, la Junta de Andalucía aprobó el pasado 26 de febrero un reglamento que supone una revisión a la ley del año 1999. En su base, según explicó la delegada de Justicia Mercedes Mayo, «se pretende dar un mejor servicio a los ciudadanos y profesionales». El nuevo texto tiene algunas peculiaridades como son la simplificación burocrática para el acceso a los servicios de un letrado de manera rápida, incluso por internet, y su especial mimo hacia colectivos como las víctimas de violencia de género o los extranjeros.

Pero sin duda, pese a que ha sido criticado por el propio Colegio de Abogados de Córdoba, una de las disposiciones más novedosas ha sido que en el primer trimestre de cada año la Junta liberará hasta el 75 por ciento de lo estimado para que los pagos a los abogados de oficio y de guardia se vayan realizando «sobre la marcha». Éstos se harán trimestralmente al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y al Consejo Andaluz del Colegio de Procuradores, que repartirán estas cuantías de acuerdo a los baremos establecidos. Algo que, en palabras de Mayo, «era una demanda histórica de los abogados».

Para que no existan fricciones, se crean las comisiones mixtas entre la Administración autonómica y los Consejos Andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores de los Tribunales, que serán quienes evalúen la calidad de la prestación de la asistencia jurídica gratuita y formulen propuestas de mejora.

Y entre las novedades más singulares, está el hecho de que las mujeres maltratadas podrán elegir letrado, dentro de los abogados de oficios adscritos al turno especializado de Violencia sobre la Mujer, así como tener una segunda opinión, en caso de que no esté conforme con la estrategia procesal planteada.

Asimismo, se establecen turnos especializados en asistencia jurídica gratuita en materias como violencia de género, menores y extranjería, dejando la puerta abierta a otros que se pudieran crear en adelante.

Sin embargo, la mayor parte de los demandantes de este servicio de justicia gratuita el pasado año, más de un tercio del total, lo eran por causas penales, mientras que 475 lo eran extranjeros, mientras que 753 fueron solicitados por menores, y sólo 636 por víctimas de malos tratos. Estas asistencias por abogados del turno de oficio en Córdoba, 8.454 de las 9.712 solicitadas, -el resto fueron denegadas- costaron a la Junta un total de 2.625.994 euros, una cifra muy similar a la del año 2006, en la que se atendieron a 8.699 personas con un coste final de 2.605.354 euros. De hecho, «estos costes, así como los usuarios de asistencia gratuita en los últimos años se ha mantenido prácticamente sin altibajos», según Mayo.