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El presunto cerebro de la trama de corrupción de Marbella, Juan Antonio Roca, lo viene advirtiendo hace tiempo y parece que ayer empezaron a tomar forma sus amenazas. De manera sorpresiva, Roca empezaba a "tirar de la manta" en el juicio de una causa desglosada del caso "Malaya", que ayer comenzaba en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, admitiendo que cometió cohecho al haber pagado 73.800 euros al juez Francisco Javier de Urquía. "Es la primera vez que me enfrento a un tribunal como acusado y, con la oposición de mi letrado, he decidido decir la verdad", sostuvo.

Esta acusación, en la que Roca admitía "parcialmente" la acusación formulada por el fiscal en cuanto a los delitos en los que se le implica en esta causa como cooperador de negociación prohibida a un funcionario público y cohecho, fue reiteradamente negada por el juez De Urquía, quien sugirió que las declaraciones de Roca obedecían a que podía haber alcanzado un pacto para recibir "trato de favor a otras instancias".

En todo caso, el cambio de actitud de Roca, "absolutamente nueva e insospechada", según el abogado del juez, Antonio González Cuéllar, motivó que las defensas del magistrado y del galo Arnaud Fabrice Albouhair, también juzgado ayer por este caso, reclamaran un receso en el juicio para evaluar el nuevo escenario, a lo que la presidenta de la Sala, Inmaculada Montalbán, se negó.

El ex gerente de Urbanismo sostuvo que había entregado dinero al juez, aunque inicialmente dijo que no recordaba la cifra, el fiscal cifró en 70.000 euros el monte económico entregado por recibir ayuda de De Urquía en materia judicial.

Roca dejó a la sala sin palabras al reconocer haber mantenido dos reuniones en su oficina de "Maras Asesores" con De Urquía, antes del 17 de marzo de 2006 y ese mismo día, cuando supuestamente entregó dos sobres, con 63.000 y 10.800 euros, respectivamente, para la entrada de una casa que el magistrado quería adquirir en Azalea Beach, en Marbella.

Sin embargo desvinculó a Arnau Fabrice Albouhair, tercer imputado en esta causa y que presuntamente había ejercido de intermediario entre Roca y De Urquía, de la operación. Admitió no obstante que el francés intervino para llevar el borrador del contrato de compraventa de la vivienda al juez.

El ex asesor urbanístico afirmó haber conocido a De Urquía en el local que el francés posee en Marbella y que había sido el propio Fabrice el que le había llamado para decirle que el magistrado quería hablar con él.

Roca mantuvo que hacía anotaciones de pagos y cobros en un libro de contabilidad y que, en este caso, escribió junto a los supuestos pagos a Urquía "Ayuntamiento", "porque no sabía muy bien que poner".

El defensor del juez, Antonio González Cuéllar, aludió a "rumores" que circulaban de un presunto acuerdo de Roca para un trato de favor en otras causas judiciales abiertas y preguntó al acusado al respecto, algo que éste negó, a pesar de haber respondido "lo diametralmente opuesto", según el letrado, en otras declaraciones.

El juez Francisco Javier de Urquía calificó de "absolutamente falso" que haya recibido dinero de Juan Antonio Roca para comprarse una casa, al tiempo que rechazó haber favorecido al ex asesor de Urbanismo en su denuncia contra una televisión local a cambio de la compra de su vivienda.

Según De Urquía, en la operación de compra de la vivienda le ayudó su mujer, que "tiene solvencia económica", ya que él es un "manirroto" y un "gastoso".

Aseguró no conocer a Roca salvo por algunos encuentros circunstanciales en el local de Fabrice y afirmó, al igual que corroboró su amigo el francés, que no tenía conocimiento de que era él el que redactó el contrato de compraventa, e incidió en que "me hubiera dado igual", porque no lo conocía, dado que no era "el monstruo mediático que es ahora".

Según De Urquía, la declaración de Roca parece que no tiene otro fundamento que el posible acuerdo al que habría llegado para recibir trato de favor de otras instancias.

La Fiscalía pide tres años de cárcel, 19 de inhabilitación y 213.000 euros de multa para el juez al que se le imputan los delitos de prevaricación judicial, cohecho y asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario. Para Roca y Arnaud, solicitan la misma pena de prisión, 9 años de suspensión de empleo o cargo público y 177.000 euros de multa como cooperadores necesarios del delito de asesoramiento accidental y por cohecho.