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La polémica sobre el problema de los malos olores en la Ciudad de la Justicia, que ha provocado tres desalojos del juzgado de guardia en quince días, ha saltado a las instituciones judiciales. Así, ayer el presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo, pidió que se suspendan las autopsias en el nuevo complejo judicial y se trasladen a sus antiguas instalaciones en Parcemasa hasta que "se conozcan exactamente las causas que provocan el hedor".

Arroyo, en declaraciones a este periódico, negó que haya hecho esta petición de manera oficial a la Junta de Andalucía, pero consideró que, en su opinión, "lo más prudente" es que se suspendan las necropsias que se realizan en el Instituto de Medicina Legal (IML) en la planta sótano del nuevo edificio judicial. "Esto no supone ningún descrédito, ningún coste político para la Junta, porque ella no es responsable de la obra, sino más bien la perjudicada si los que han participado en la construcción del edificio no lo han hecho bien", añadió. En su opinión, ha habido "poca transparencia", y se ha llevado el asunto con "ocultismo", lo que puede hacer pensar que "el problema es más grave de las pequeñas fugas o filtraciones que se han dicho".

El presidente de la Audiencia Provincial sí reconoció que ha solicitado a los servicios sanitarios del Ayuntamiento de Málaga una ampliación de la inspección solicitada por los sindicatos días atrás. Por su parte, la delegada de Justicia de la Junta, Aurora Santos, aseguró que "no nos hemos planteados ni nos planteamos suspender las autopsias, porque estamos seguros de que el problema de los olores se está arreglando". De otro lado, la junta general de jueces de Málaga tratará el asunto de los malos olores mañana en su reunión ordinaria.