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Una vez pasada la campaña y las elecciones y cuando dentro de unos días se constituya el Gobierno comenzará la VIII legislatura y llegará la hora de la verdad. Si el presidente Manuel Chaves quiere cumplir lo prometido para su sexto mandato consecutivo tendrá que ponerse las pilas. En primer lugar tiene por delante una ardua tarea: el pleno empleo que anunció en el horizonte de la legislatura. Algo difícil si se tiene en cuenta que hay más de 500.000 parados en la comunidad y que la tasa de desempleo está actualmente fijada casi en el 14 por ciento. Lo que supone que, si se tiene en cuenta que se considera pleno empleo un paro técnico de un 5 por ciento, habrá que reducir la tasa casi a la tercera parte de los parados que hay actualmente.

Algo difícil pero que, según opinaban los sindicatos, no es imposible si se cambia el actual modelo de crecimiento basado prácticamente de forma exclusiva en la construcción. En materia legislativa el compromiso obligará al Gobierno a legislar a toda mecha. Hay prometidas 24 leyes para la nueva legislatura. Entre ellas figuran algunas de gran trascendencia como la Ley de derecho de acceso a la vivienda que, según los sindicatos, debe ser la primera y más urgente para poder garantizar que el Pacto por la Vivienda que se firmó en diciembre y que garantizaba la construcción de 700.000 viviendas de las que 300.000 serían protegidas, pueda ponerse en marcha y no se quede simplemente en papel mojado.

Otras de las leyes más urgentes son las de Inclusión Social así como la norma autonómica de Dependencia que desarrolle la Ley estatal de esta materia. Sobre todo después de los problemas surgidos con las valoraciones en las peticiones de ésta y la polémica que ello originó. Además Chaves prometió en campaña una Ley de Salud Pública, otra de Participación Política y Social así como la Ley del Consejo de Justicia de Andalucía. También figuran entre las promesas la Ley del Empleado Público, la de Protección de Datos o la de Desarrollo de la Sociedad de la Información. También hay prometida una Ley Régimen Local de Andalucía que regulará las transferencias de competencias a los ayuntamientos o la que regule la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad, aunque éstas dos son más difíciles de creer si se tiene en cuenta la de años que llevan hablando del Pacto Local en Andalucía sin que se lleve a cabo de forma definitiva y con los consistorios quejándose de carencias económicas.

Una Ley de Grandes Ciudades, otra que regule la Comunicación Audiovisual en la comunidad, una Ley del Olivar, otra de Calidad Agroalimentaria Pesquera o una Ley de la Dehesa también figuran entre las que el PSOE prometió. Además de una norma sobre el Trabajo autónomo, en materia social, el nuevo Ejecutivo tiene varios temas por abordar: una Ley para regular el uso de la lengua de signos o una Ley de Mediación Familiar (ya hubo un intento fallido). También se habla de una Ley de Participación Institucional, una de Archivos y de Patrimonio documental o varias reformas. La de la Ley de Universidades, de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas o también de la Ley del Voluntariado.