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Un informe elaborado por la Guardia Civil ha avalado la demanda de los jueces que piden tener prioridad para estacionar en el aparcamiento subterráneo de la Ciudad de la Justicia por razones de seguridad. El dictamen, que fue solicitado por la Consejería de Justicia el pasado mes de noviembre ante el enfrentamiento de jueces y funcionarios por el uso de las 166 plazas de aparcamiento del nuevo edificio judicial de Teatinos, ha sido remitido ya por la Subdelegación del Gobierno a la Junta de Andalucía, al juez decano, al fiscal jefe y al presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, según ha podido confirmar este periódico. El próximo jueves se tratará este asunto en una reunión que todos ellos tendrán con la delegada de Justicia, Aurora Santos.

Las mismas fuentes aseguran que, pese al informe elaborado por por la Guardia Civil en el que se pone de manifiesto que los jueces y los magistrados tienen un plus de riesgo por razón del trabajo que desempeñan, la Junta de Andalucía no ha tomado todavía ninguna decisión sobre los aparcamientos, que hasta la fecha utilizan por igual todas las personas que trabajan en la Ciudad de la Justicia que los van ocupando por estricto orden de llegada hasta completar todas las plazas.

Motivos de seguridad

La utilización de los 166 aparcamientos del sótano de la Ciudad de la Justicia, donde trabajan unas mil quinientas personas, viene enfrentando a jueces y funcionarios desde su inauguración. No hay plazas para todos. Los magistrados alegan "motivos de seguridad" para ocuparlos, mientras que los funcionarios aseguran que bajo ese argumento los jueces pretenden usar en exclusividad los aparcamientos, "discriminando así a los demás colectivos igualmente expuestos a la inseguridad", como afirman los sindicatos CC. OO. y USO-SPJ.

La junta de jueces elevó su petición al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que avaló la exigencia de los jueces por «motivos de seguridad», argumento que hizo también extensivo al cuerpo de fiscales «porque son los que dictan resoluciones y ejercitan la acción penal». El TSJA trasladó su acuerdo a la Consejería de Justicia de la Junta, cuya responsable, María José González, lo dirigió a su vez al Ministerio del Interior, dejando así la pelota de la decisión sobre el uso de los aparcamientos en el tejado de los responsables de la seguridad de Estado.

Por su parte, los sindicatos que representan a los funcionarios tampoco se han quedado quietos y han anunciado movilizaciones. De momento, ya han recogido más de 800 firmas de apoyo a su demanda para aparcar y las han hecho llegar a la Junta de Andalucía, al TSJA y al Consejo General del Poder Judicial.