Noticias Ya.com

Ayer once acusados por naves ilegales en el Pilar de la Dehesa se presentaron a juicio con una carpeta de tapas azules debajo del brazo, recién salida del Ayuntamiento, con el acuerdo plenario de aprobación inicial de la modificación puntual del PGOU que dará carta de legalidad a sus instalaciones. "Ésto es oro para nosotros", decía Manuel Martínez Moya, presidente de la comunidad de propietarios. Aún así, se celebró el juicio y el Fiscal sostuvo los cargos, pidiendo entre año y medio y seis meses de prisión para los acusados, que se declararon inocentes. Aunque no mantuvo su petición de demoler las naves.

Los propietarios de naves de la calle Salinillas explicaron que en todo momento pensaron que se podía construir. "Toda la zona está llena de empresas. Eso es un polígono industrial desde hace años. A mí me vendieron una parcela", fueron diciendo. Y exculparon a los constructores implicados, diciendo que las naves las construyeron ellos mismos y que otros les vendieron materiales. Uno de los acusados llegó a relatar que hace años se reunieron con el alcalde para proponerle la legalización y que en ese encuentro se dijo que podían construir, que "ellos no se iban a inmiscuir".

Es la primera vez en al menos dos años y medio que el Fiscal retira la petición de echar abajo lo construido al margen de la legalidad. De hecho, por sistema se recurren a la Audiencia las sentencias de lo Penal que no lo acuerdan. Con el documento emanado del Pleno, sin embargo, parece poco factible que se haya derribos.

Los políticos cumplieron con la legalización prometida en plena campaña electoral de las pasadas municipales, cuando se sucedían los juicios por naves ilegales en una nueva calle del Pilar de la Dehesa. "In extremis", pero cumplieron. El Pleno acabó prácticamente a las cuatro de la madrugada. A las ocho y media, los propietarios tenían ya en sus manos las actas del acuerdo referido al punto 25 del orden del día: aprobación por unanimidad de la modificación inicial del PGOU para legalizar la zona como suelo industrial (hasta ahora era rústico). Pocas veces se han transcrito tan rápido las actas y se han entregado con firma de la alcaldesa y el secretario.

La Justicia también ha puesto de su parte, al menos en lo que se refiere a este procedimiento que agrupa a once acusados (hay otros nueve que se han instruido y muchos ya celebrado uno a uno). El "macrojuicio" estaba previsto para el pasado 12 de diciembre. Sin embargo, el magistrado titular del Penal 1, Lucini Nicás, accedió a un aplazamiento a la vista de que había acuerdos plenarios que expresaban la voluntad de todos los grupos políticos para legalizar el polígono. La fecha definitiva se fijó para el 23 de abril. Y el pleno donde se inicia la legalización en firme se fechó el 22. En cuatro meses de prórroga ha habido algunos juicios (el último hace cinco días) fuera del procedimiento colectivo.