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La presión al alcalde de Sevilla, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, desde el ámbito judicial comienza a ser importante. Con el «caso Macarena» listo para el juicio oral una vez pase el verano y casi todas las preguntas sobre la contratación de su primo por parte de Emasesa aún sin contestar, desde la oposición se le atosiga en estos días para que dé explicaciones en torno al llamado «caso Unidad», que se investiga en el Juzgado de Instrucción 14 de Sevilla. Ayer, de hecho, el portavoz del PP municipal, Juan Ignacio Zoido, le exigió que deje de obstaculizar la labor de la Justicia y ofrezca la información que los tribunales reclaman.

Así, el dirigente popular, durante una visita a los comerciantes de Alcosa, criticó que el regidor, como máximo responsable del Grupo municipal Socialista, haya permanecido «quieto» y «no busque al culpable» del envío de un fax -con membrete de salida de su grupo municipal- en el que se daban instrucciones para «inflar» una factura. De ese documento ya ha hablado otro magistrado, el del Juzgado de Instrucción 4 -a causa de la querella de los socialistas contra el PP por supuestas calumnias, ya archivada-, quien aprecia en el mismo «indicios» de una posible «financiación ilegal del Grupo Socialista» y de «facturación duplicada».

Zoido puso ayer de manifiesto que «hay demasiadas preguntas, dudas y ocultaciones por despejar», subrayando que Sánchez Monteseirín «tiene en su mano poder despejar todas estas dudas». Para el responsable de los populares en el ayuntamiento, «el alcalde tiene información que no quiere facilitar ni a la Policía Judicial ni al juez encargado del caso ni al resto de formaciones políticas», criticando, al tiempo, «el grado de protección y amparo inusuales» del que, a su juicio, disfruta el «autor material» del envío del fax, «al que todos quieren proteger y del que nadie habla no se sabe bien por qué motivo».

Así, lamentó la «oscuridad del PSOE a la hora de esclarecer esta trama de facturas falsas, pues todavía no se ha dicho quién fue el que envió el fax», aunque mostró su confianza en que, mediante la intervención de la Justicia, «se termine sabiendo». Además, se cuestionó «por qué una persona de la confianza del alcalde era secretario de Unidad», en referencia a Domingo Enrique Castaño, del que han solicitado que declare ante el juez.

Al hilo de esto, Zoido se preguntó «por qué el alcalde firmó un mes y medio después de los hechos una resolución para nombrar persona de su confianza a la que firmó estas facturas», así como «por qué la empresa que emitió las facturas, Copyur, ha dicho que la persona con la que hablaba era precisamente el secretario de Unidad». También planteó «por qué el PSOE no le ha dado a la Policía Judicial los datos solicitados por el juez sobre la relación que habría entre el Grupo Municipal Socialista y la junta directiva de Unidad», insistiendo en el hecho de que «hay demasiadas dudas y mucha ocultación por parte de Sánchez Monteseirín, que tiene información que no quiere dar».

El Juzgado de Instrucción 14 está investigando todo lo relacionado con el fax sobre facturas falsas y los vínculos del PSOE con la cúpula de la organización vecinal, en la que se han usado irregularmente ingentes cantidades de dinero procedentes de subvenciones del Ayuntamiento desde que el PSOE se hiciera con las riendas del mismo.