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El cerebro de la operación "Malaya", Juan Antonio Roca, volvió a amenazar ayer con seguir tirando de la manta al advertir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de que dirá la verdad "con todo lo que ello comporta" en las próximas causas judiciales a las que tendrá que enfrentarse en los próximos años, aunque ello le suponga más perjuicios que beneficios. Roca seguía así la tónica, ya avanzada el martes, cuando dejó sin palabras a la sala del TSJA al admitir que cometió cohecho al pagar 73.800 euros al juez Francisco Javier de Urquía.

En el juicio que se sigue contra él mismo, el juez Francisco Javier de Urquía y el empresario francés Arnaud Frabrice Albouhair, por una causa desgajada de la "Malaya" y que ayer quedaba visto para sentencia, aún quedaban más sorpresas: El teniente fiscal superior de Andalucía, Guillermo Sena, anunciaba sus modificaciones y decidía rebaja de tres años a uno la pena contra Roca y mantener en tres años la del juez y la del empresario francés Arnaud Fabrice Albouhair por el mismo delito. Eso ocurría el día después de que Urquía aludiera a un posible pacto de Roca con la Fiscalía para lograr un trato de favor, habida cuenta de que había modificado todas sus declaraciones hechas hasta entonces.

Sin embargo, el ex asesor urbanístico marbellí sostuvo en su última intervención en el juicio que, tras una "reflexión seria y profunda", a partir de ahora va a decir toda la verdad, "con todo lo que ello comporta" y aunque le suponga más perjuicios que beneficios, "pero lo voy a hacer". Apostillando que pretende hacerlo, incluso, con la oposición de su abogado. Negó además, frente a lo sostenido por las defensas de Urquía y el empresario francés, que su revelación del martes responda a "maquinaciones, pactos o acuerdos ocultos". Dejó claro que tampoco ha intentado "perjudicar" a nadie -en referencia a juez y al empresario-, puesto que si así lo hubiera querido, al anotar en su cuaderno de contabilidad el pago que hizo para su casa al juez, podría haber indicado "Francisco Urquía" y no "Ayuntamiento", como puso "para ocultar la identidad".

También en el ejercicio del derecho a su última palabra, el magistrado fue especialmente crítico con Roca y con la Fiscalía, a la que insistió en acusar de llegar a un acuerdo con el ex asesor "para obtener la condena de un inocente".

Francisco Javier de Urquía calificó de "increíble" que el Estado español, a través de su representante del Ministerio Público, "vaya de la mano de un individuo de la envergadura del señor Roca" y advirtió de la trascendencia que el supuesto acuerdo que atribuye tanto a Roca como a la Fiscalía tendrá en próximas causas. Apostillando que "lo lamenta" por los coimputados que en un futuro tengan que acompañar al ex asesor en próximas causas judiciales, al considerar que se ha producido "una subversión de la verdad que clama al cielo".

De Urquía agregó que lo acontecido durante su juicio supone "un espectáculo único" en uno de los procedimientos, ha dicho, "más extraños que se ha visto nunca" y acusó a Juan Antonio Roca de mentir y de ser contradictorio en sus declaraciones. "No se pudieron decir más mentiras y falsedades en tan poco tiempo", señaló el magistrado visiblemente dolido.

El magistrado imputado llegó a asegurar que también se le hizo un ofrecimiento al tercer acusado, su amigo Arnaud Fabrice Albouhair para que mintiera en el juicio y cambiara sus declaraciones previas.

El criterio para rebajar la pena de prisión para Roca se debe a que fueron el juez y Albouhari quienes pidieron "expresamente" a Roca que les ayudara a comprar la casa que Urquía quería adquirir. El fiscal también considera acreditado que Roca se comprometió a realizar un abono en metálico, en dos sobres, de 73.800 euros, extremo que negó De Urquía.

El fiscal acusa, entre otros delitos, a los tres acusados de cohecho, pero aplica a Roca una pena inferior al imputarle el previsto en el apartado segundo del artículo 423 del Código Penal, que castiga "a los que atendieren las solicitudes de las autoridades o funcionarios públicos". Por el delito de cohecho el fiscal le pide multa de 73.800 euros e inhabilitación para cargo público por siete años.

Al margen de la rebaja por ese delito, la acusación mantiene para Roca por asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público, su petición de pena de multa de nueve meses y suspensión dos años de empleo público.

Para Urquía, pide tres años de cárcel, 19 de inhabilitación para empleo o cargo público y 213.000 euros de multa por presunta prevaricación judicial, cohecho y asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario. Para Albouhair pide otros tres años de cárcel y multa de 150.000 euros por cohecho y multa de nueve meses por asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público.

El tribunal ha estado presidido por la magistrada Inmaculada Montalbán, que ha tenido que atender a los numerosos requerimientos de recesos de ambas partes en las sesiones para deliberar o a raíz de la confesión del martes de Roca.