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Hasta los foros de "futboleros" en internet se suman al debate. "¿Adonde nos va a llevar lo de la memoria histórica? Menos mal que Nervión pertenece a Sevilla". Es uno de los comentarios escritos por aficionados sevillistas en la red, donde se ironiza incluso sobre las repercusiones que tendría en el aspecto deportivo, el anuncio que hace días lanzó el Ayuntamiento de Dos Hermanas sobre que la Ley de la Memoria Histórica, que tramita el Gobierno central, podría abrir una nueva vía para reclamar a Sevilla, la devolución de los suelos segregados de su término durante la Guerra Civil y que afecta desde el barrio de Bellavista y los Bermejales, hasta el estadio del Betis.

El equipo de Gobierno nazareno, presidido por el socialista Francisco Toscano, ve en la futura ley un aval para dar salida al litigio territorial que viene enfrentándole a Sevilla desde hace seis años, al entender que anularía las resoluciones franquistas, incluida la que los "despojó" de 2.763 hectáreas.

El portavoz municipal, Agustín Morón, ya señaló al respecto, que el decreto del 28 de julio de 1937, firmado por el general Franco para la segregación de términos, se ejecutó cuando el Ayuntamiento estaba integrado por una gestora de tres personas nombradas por las autoridades militares y que aún, se combatía contra el Gobierno de la República. ¿Y si la ley de la Memoria Histórica mantiene su redacción actual y Dos Hermanas recupera la totalidad de los terrenos? ¿Esos 24.700 vecinos que ocupan esa franja de la discordia pasarían a ser nazarenos?, ¿Qué pasaría con la prestación de servicios?

Sea como fuere, el grupo de Gobierno local está dispuesto a llegar al extremo, incluso tampoco descarta presentar la petición de anulación de aquel decreto preconstitucional de manera directa, que ya fue advertido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Desde los inicios del conflicto, Dos Hermanas abogó por un proceso de alteración de términos al considerar que existía "voluntad política" y que la Junta "escucharía a los Ayuntamientos".

Sin embargo, la falta de entendimiento entre los consistorios afectados —el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, llegó a decir que Dos Hermanas merecía "un gesto de reparación", pero a modo "simbólico" y no material— y los fallos desfavorales a las pretensiones nazarenas tanto de la Administración autonómica como del TSJA, le han llevado a presentar ante el Tribunal Supremo un recurso de casación en contra de la sentencia del TSJA que desestimó en abril, la demanda de Toscano al carecer de entidad suficiente como para modificar las lindes, ni siquiera sus mínimos exigidos concernientes al corredor que lleva hasta la ermita de Valme y los suelos de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

De momento, el Consistorio nazareno espera que el Supremo valore el "voto particular" que efectuó uno de los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, que avaló la demanda nazarena y se mostró partidario de devolver al menos las hectáreas en las que se instala la Pablo de Olavide. El juez entendía que el decreto del 37 era contrario a la Constitución por lo que había "un vicio de origen" y que no podría ser "soporte" para "consagrar un despojo" pese a que hubieran transcurrido 70 años.

Tal y como informó el pasado sábado ABC, el Ayuntamiento nazareno presentó un recurso de casación en la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que rechazaba el pasado mes de abril, la reclamación de 2.763 hectáreas del término municipal de Sevilla, segregadas por una supuesta arbitrariedad cometida durante la Guerra Civil.

El fallo, que ratificaba la resolución desfavorable de la Consejería de Gobernación de la Junta anunciada a finales de 2004, desestimaba la demanda nazarena de incorporar barrios como Pineda, Los Bermejales, Heliópolis o incluso parte de las instalaciones del Puerto de Sevilla, que le habían sido "despojados" por un "acto de guerra" dado durante el traspaso de la titularidad de estos terrenos en julio de 1937.

La administración autonómica entendía que los motivos alegados por el municipio nazareno carecían de entidad suficiente como para proceder a la alteración territorial y a una reforma administrativa tan compleja. Los jueces revalidaron esta decisión al determinar además, de que el decreto de 331/1937, que fijó por aquel entonces la segregación, no puede ser "soporte de justificación" por su contrariedad a la Constitución, ni existe anomalía alguna ni tampoco circunstancias de orden demográfico, geográfico o administrativo que acrediten la reintegración de los suelos al término municipal de Dos Hermanas.