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Internet gratis para todos los andaluces. Con este anuncio, a medio camino entre la promesa electoral y el proyecto futurible, Manuel Chaves, presidente del Gobierno andaluz, ha logrado desencadenar las más variopintas reacciones a: desde los que la tachan de despilfarro innecesario hasta los derrotistas que ven el proyecto rayano en la ilegalidad, pasando por aquellos que no le dan más crédito que el de una eterna promesa por cumplir. Pero si hay algo que suscita el anuncio son preguntas.

Hasta hoy la Junta de Andalucía no ha dado ningún paso para explicar en qué consisten sus planes. La secretaria general de Telecomunicaciones de la Consejería de Innovación, Pilar Rodríguez, ha dado algunas claves de cómo se ha pensado materializar lo que se ha prometido. El mecanismo para articularlo es "legal". De hecho, llevan tiempo empleando el sistema ideado (similar) sin problema alguno. Eso sí, el presupuesto de 70 millones de euros es aún una estimación que la realidad, cuando llegue, pondrá en su sitio.

He aquí algunas de las claves del plan de la Junta de Andalucía. "Hay detalles que, a un año y medio, desconocemos. Pero se resolverán", reconoció la citada responsable. Por el momento, estas son algunas respuestas.

La idea de prestar un servicio de conexión inalámbrica, lo que se denomina Wifi, está descartada. La vía de conexión a Internet que podría disfrutarse de forma gratuita sería con un cable conectado al cajetín correspondiente a cada hogar. En la actualidad, varias compañías ofrecen conexión a Internet de banda ancha (a velocidades diferentes) por un coste mensual que varía en función de la oferta de cada operador. Es decir, que la infraestructura para poder acceder al servicio que promete la Junta (a 1 Mega de velocidad) ya existe. Eso sí, no para todos. Y he aquí el primer escollo. La infraestructura que permite acceder a Internet de banda ancha no está instalada en toda Andalucía, por lo que, por ahora no se puede llegar al cien por cien de los hogares. Para corregir esto se ha dado el primer paso. Se ha sacado a concurso público, con un presupuesto de 17 millones de euros, las obras de instalación de la infraestructura que falta al que pueden optar todas las empresas de telecomunicaciones. Y ya se han recibido las primeras ofertas. Se prevé que esté todo hecho en diciembre de 2009.

El plan de la Junta contempla asegurar una velocidad de 1 Megabyte por segundo (Mbps) para todos. Hoy día, este servicio puede ser calificado de "básico". Hay operadores que ofrecen conexiones de hasta 20 Mbps. A más "megas", más velocidad. A modo de ejemplo, Telefónica -antes de mejorar el servicio recientemente- ofrecía 1 "mega" con la ADSL que conocen casi cien mil granadinos en la actualidad. Con este servicio se pueden navegar por la red y servirse de sus utilidades básicas (correo electrónico, descargas de archivos, etc.) a una velocidad razonable y cómoda. No obstante, para muchos internautas, sobre todos los que requieren una buena velocidad para descargarse archivos sin eternizarse en el proceso, 1 "mega" está en la semiprehistoria. En países como Japón, por ejemplo, la velocidad media a la que se navega es de 61 Mbps. Y en España, ahora, lo máximo que ofrecen es de 20. Esto seguirá creando diferencias en la comunidad. El que pueda pagará mejor conexión. El que no, se quedará con la básica. Pero el servicio gratuito está asegurado.

La idea de la Junta es pagar la factura de cada usuario que contrate el servicio. El mecanismo no está ideado aún, según Pilar Rodríguez, pero el objetivo es que la administración pague directamente a la compañía operadora. Sería similar al sistema actual de ayudas. Un ejemplo claro se encuentra en el convenio que hizo la Junta con varias operadoras para subvencionar parte de la factura de la conexión durante un año dentro del plan Hogar Digital. El ciudadano contrata con la compañía que se encuentre dentro del programa y, luego, rellena un formulario de la administración para adherirse a la ayuda. En la primera factura que emite la operadora se detalla la cantidad que resta al coste total por haberse adherido al convenio. Lo que se resta lo paga la administración directamente a la compañía. Esto se hace en la actualidad con el citado programa. "Hogar Digital sería el embrión de lo que se hará, pero generalizado y por el importe total", dicen.

Se pretende es eliminar limitaciones como el nivel máximo de renta familiar para adherirse de la medida o que seas nuevo usuario. El programa incluiría a todo el mundo que solicite el servicio. Aunque ya se pague por uno igual, se pueden cambiar y beneficiarse.

El presupuesto que anunció Chaves era de, aproximadamente, 70 millones de euros. Pero no globales, sino "anuales", concreta Pilar Rodríguez. En la actualidad, los cien mil granadinos que tienen la ADSL de Telefónica pagan a esta compañía cada año la mitad de este montante: 35 millones de euros. "Claro está, no se pueden hacer los cálculos al precio medio de lo que cuesta la ADSL de Telefónica, que son unos 30 euros", advierte la citada responsable. La idea de la Junta es negociar con todas las compañías para que oferten precios competitivos y transparentes por el citado servicio básico, a cambio de asegurarle un mayor número de clientes. Así, la gente podrá elegir entre varias. Las cuentas que ha hecho la Junta para sacar a relucir esta cantidad no han tenido como base toda la población. Hay unos ocho millones de andaluces, a eso hay que restarle niños y ancianos y hay que tener en cuenta que las conexiones se contarían por hogares, no por personas. Si se estima que hay una media de cuatro personas por hogar, resultan dos millones de hogares. Pero el cálculo se hace sobre la mitad. "Hay personas a las que no les interesa Internet y aquellas a las que el servicio básico no les vale. Por eso calculamos que interesará a la mitad". Con 70 millones de euros al año, tendrían que lograr ofertas de compañías de entre 6 y 10 euros al mes para poder afrontarlo. Y esto no está asegurado. Por ahora, todo son estimaciones.

La Junta afirman que es completamente legal el sistema. La Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CNMT) declaró ilegal que una administración suministre el servicio, pero en este caso no es así. En cuanto a la competencia, el convenio se hará con todas las compañías y dentro de las normas de libertad de precios. La CNMT declaró que "a priori no es ilegal", pero que se estudia "caso por caso".