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La creciente actividad constructora y rehabilitadora que se registra desde hace ya varios años en el Centro de la ciudad y sus barrios adyacentes lleva aparejada un condicionante que disuade a algunos promotores de intervenir en estos lugares. Se trata de la obligación de realizar excavaciones arqueológicas en un buen número de casos, según lo que marca la información de que se dispone sobre los hallazgos de vestigios del pasado de Málaga en su subsuelo. Según la Asociación Provincial de Constructores y Promotores (ACP), los retrasos y dificultades que surgen a la hora de llevar a cabo estas catas hacen que algunos empresarios se lo piensen muy bien antes de llevar a cabo un proyecto en el casco antiguo y su entorno.

"El problema no es sólo que la obra puede estar parada un año o más por el retraso en los informes sobre las excavaciones, sino que todos los gastos corren a cargo del promotor", señala Violeta Aragón, gerente de la ACP. "Esto puede suponer un elevado sobrecoste que hace que los empresarios se lo piensen antes de actuar en un solar que requiere una cata previa", agrega Aragón, por lo que solicitó al Ayuntamiento que establezca algún sistema de ayudas que permita colaborar con los promotores en la financiación de los gastos que conlleva una excavación y que pueden suponer unos 30.000 euros.

"Al final estamos contribuyendo a poner en valor el patrimonio histórico de la ciudad, por lo que tendríamos que contar con ayuda del municipio", indica la gerente de los promotores, quien resalta que la actividad constructora en el Centro se está ralentizando, entre otros, por este motivo.

Asimismo, desde la ACP aseguraron que la Administración regional podría ser más rápida a la hora de tramitar los informes sobre las excavaciones, que deben ser autorizadas desde la Dirección General de Bienes Culturales, que se encuentra en Sevilla. Empresarios consultados afirman que, si hubiera en Málaga un organismo para ver los expedientes y evitar que tengan que viajar hasta Sevilla, el proceso sería mucho más rápido.

"Si es cuestión de que existe poco personal en la Delegación Provincial de Cultura, deberían habilitar más, porque hemos llegado al punto de que los plazos para una excavación se alargan hasta un año en muchos casos", asevera Violeta Aragón.

Por su parte, el delegado provincial de Cultura, Francisco López, replica que los retrasos que puedan producirse en determinadas obras por las excavaciones no son imputables a la actividad de la Administración autonómica. "Creemos que el sistema establecido funciona razonablemente bien, porque sabemos que una obra parada puede costar mucho dinero", apunta el delegado, quien recuerda que la Comisión Provincial de Patrimonio se reúne cada dos semanas con el fin de evacuar los informes sobre las excavaciones con una mayor agilidad.

"Si el proyecto en cuestión tiene toda la documentación en regla y no hay problemas, puede obtener el informe sobre el resultado de la excavación en unos 15 días, el tiempo que tarda en reunirse la comisión", matiza López, quien agrega que lo más puede tardar es la realización en sí de la excavación arqueológica. En ese sentido, precisa que, por norma, un arqueólogo no puede trabajar en dos excavaciones a la vez, por lo que para empezar una nueva tiene que haber entregado previamente la memoria del trabajo realizado en la anterior.