Noticias Ya.com

Son 184 familias, muchas de ellas con más de cinco miembros. Ya no tienen casa. Fueron derribadas para iniciar la construcción de las nuevas viviendas. Ayer cundía la alarma entre ellos al conocer la noticia publicada por este periódico de que la Junta ha pedido a la Justicia la paralización de las obras del plan de reforma de Santa Adela. Durante toda la mañana de ayer un reguero de vecinos pasó por las oficinas de Emuvyssa en la barriada. Todos necesitaban comprobar la veracidad de la noticia y saber qué va a pasar con ellos. "Lo que tememos es que ya nos han derribado la casa y ahora no construyan las nuevas que hemos firmado y nos han prometido. Esto es una verdadera tragedia", decía una mujer de mediana edad, con tres hijos, que ahora vive en una casa alquilada por el Ayuntamiento en la avenida de Dílar.

La petición de paralización de las obras realizada por la Junta de Andalucía al Tribunal Superior de Justicia, es más grave de lo que en un principio pensó la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, que ayer confirmaba que no sólo afecta a futuras fases de la obra, sino que es de aplicación "a lo que nosotros llamamos fase dos, es decir la que está en construcción en este momento", por lo que la paralización, si se produjese, dejaría sin ninguna vivienda a las 184 familias que ya no tienen casa porque se derribaron para hacer las nuevas. Son las viviendas que ocupaban el espacio que ahora es un gran agujero de miles de metros cuadrados, en el que trabajan las excavadoras para construir los cimientos de los cuatro edificios proyectados para 254 viviendas de nueva planta.

Los vecinos están indignados, no entienden que la Administración Autónoma utilice una presunta ilegalidad en la propiedad pública o privada de unos garajes para pedir la paralización de todo el proyecto. "No nos cabe en la cabeza", dicen. Pero no están dispuestos a perder sus esperanzas. Afirman que todos los vecinos del barrio se movilizarán para impedir la paralización en el caso de que la Justicia llegase a aceptar la petición de la Junta de Andalucía y ordenase paralizar las obras, como expresamente pide en el escrito de recurso que presentaron ante el TSJA el pasado 28 de marzo.

La concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, está en la misma línea de pensamiento que los vecinos de Santa Adela. Ayer aseguraba que "no voy a parar la construcción de los pisos", pero ante la pregunta de qué hará si hay una orden judicial para que pare las obras, la respuesta fue clara y contundente. "Me declararé en rebeldía y, si hace falta, me encadenaré a las máquinas, porque esto no tiene sentido alguno y sería una grave injusticia", dijo Isabel Nieto en un tono convencido y alejado de la ironía.

El Ayuntamiento presentará su rechazo al recurso de la Junta basado, fundamentalmente, en que la Ley del Suelo de 2007, permite a los ayuntamientos que el subsuelo de superficies de titularidad pública, como es el caso de los viales que habrá entre edificios de Santa Adela cuando se construyan, no tienen que ser para uso público exclusivamente, y los ayuntamientos pueden simultanearlos con usos privados.

"Y que es lo mismo que la Junta aplica para en los equipamientos que construye en el Zenete, en el Albaicín. ¿Para ellos se usa una norma y para nosotros la aplicación es diferente?", dice la delegada de Urbanismo, que no cree que este recurso prospere ante el Tribunal Superior de Justicia. El delegado de Obras Públicas de la Junta en Granada, Francisco Cuenca, intentó ayer tranquilizar a los vecinos, al decir que la impugnación no va dirigida a la paralización de viviendas ni a los espacios públicos, sino que la Junta sólo pretende "velar por el uso público del subsuelo".

El delegado olvidaba que en el escrito de recurso se pide la paralización de las obras de forma expresa. Para Cuenca, "hay una zona, donde está previsto un parque y unos espacios libres, donde se va a desarrollar un aparcamiento subterráneo con uso privativo y eso no ha lugar, porque la ley dice que el suelo bajo superficie pública ha de ser de uso público", mantiene el delegado de Obras Públicas, que insistía ayer en que "la obligación de la Junta es velar por el estricto cumplimiento de la normativa y en este caso, el acuerdo del pleno "no se ajusta a los parámetros establecidos por la ley".

Cuenca afirma que el caso de la obra de su delegación en el Zenete, en el que se ha aplicado la norma como ahora se rechaza para el Ayuntamiento, afirma que no son casos similares.