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A pesar de las peticiones que se han llevado a cabo en los últimos meses por parte de diversos colectivos para mantener intacto el pabellón de la Santa Sede en la Expo 92, los operarios de la empresa de «voladuras y demoliciones» comenzaron en la mañana de ayer a su derribo, con el objetivo de dejar expedito el solar sobre el que se construirá un nuevo edificio.

En concreto, el Comité de Entidades para la Economía Social (Cepes) construirá su nueva sede en estos terrenos, de 2.500 metros cuadrados, que compró por 9,5 millones a la firma Andalucía Aeroespacial tras su quiebra. La intención de este organismo -que agrupa a cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, etc.- es invertir otros seis millones en un nuevo edificio.

Tras conocerse la intención de Cepes de no conservar el emblemático pabellón en la Cartuja, diversos colectivos comenzaron el pasado año a movilizarse para reclamar que el pabellón fuera declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y gozará así de un nivel de protección que impidiera su derribo. La Asociación para la efensa del Patrimonio (Adepa), el Grupo Independiente Ciudadanos de Sevilla o los integrantes de la página web «Expo92.es» han reclamado insistentemente la actuación de las administraciones pública para evitar esta demolición.

Sin embargo, en este tiempo ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía han efectuado ningún paso concreto a favor de esa demanda ciudadana, más allá de declaraciones públicas mostrando su comprensión con esos colectivos.

De hecho, la Gerencia de Urbanismo aprobó el pasado 8 de abril la licencia para el derribo, como se encargaba ayer de recodar su responsable, Emilio Carrillo, que reconocía que la actuación era completamente legal.

Por su parte, la Delegación provincial de la Consejería de Cultura de la Junta solicitó a Cepes la pasada semana que no procediera al derribo hasta no conocer el informe que estaban ultimando sus técnicos, algo que la empresa había aceptado.Sin embargo, y ante la posibilidad de que Cultura paralizara la actuación, Cepes decidió comenzar ayer mismo a demoler el edificio de la Expo 92.

Al conocer la noticia, el delegado provincial de Cultura, Bernardo Bueno, reconoció la legalidad del derribo, al tener licencia municipal para ello, pero advirtió que si el informe -que hoy se conocerá- de Bienes Culturales aconseja su conservación, será «obligatoria» la «restitución» de los elementos arquitectónicos ya derribados.

Por su parte, el delegado municipal de Urbanismo, Emilio Carrillo, señaló que Cepes «tiene todo el derecho del mundo» a demoler el pabellón gracias a la licencia de derribo concedida de forma «reglada», con lo que advirtió de que el Consistorio habría incurrido en un caso de «prevaricación» suspendiendo tal acto administrativo.

Mucho más indignados se mostraron los colectivos que han luchado hasta la fecha por mantener intacto el edificio de la Cartuja. Así, el Grupo Independiente Ciudadanos de Sevilla lamentó ayer la «precipitación de Cepes, sin esperar al informe de Cultura». Su representante, Antonio Egea, anunció que recogerá firmas para que se restituyan los elementos destruidos y se conserve el pabellón. Además, achacó a «intereses oscuros» la falta de actuación de la Junta de Andalucía en este caso, desoyendo las demandas ciudadanas.

La decepción también llegó a la Asociación Provincial de Comerciantes (Aprocom), que había solicitado al Ayuntamiento que ofreciera a Cepes otros terrenos en la Cartuja y convertir en una Escuela de Comercio el antiguo pabellón, cuyo mantenimiento costearía esta organización.

Asimismo, el PP municipal mostró su «total desacuerdo» con este derribo y criticó el «incumplimiento express» del Gobierno municipal tras comprometerse el día anterior a mediar en el caso. «En cualquier ciudad de España hubieran protegido un edificio como éste», señaló en un comunicado.