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El presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo, apostó ayer por la creación de una nueva sección penal para abordar los procesos relacionados con el crimen organizado en lugar de reforzar las actuales salas con un magistrado más como propone el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Arroyo consideró que "lo complejo de estos procesos judiciales, casi siempre con varios imputados, precisa no sólo de más magistrados, sino de una plantilla completa de funcionarios y un secretario".

En ese sentido, aseguró que en comparación con otras provincias andaluzas, en Málaga "no es sólo que tengamos más asuntos, sino que son más complejos y, además, empieza a ser relativamente normal que los juicios duren de 10 a 20 días", en su mayoría por tráfico de drogas y contra grupos de delincuencia organizada y en algunos casos extremadamente violentos.

Las cuatro salas penales de la Audiencia de Málaga reciben cada año alrededor de una treintena de casos de este tipo, cifra que va en aumento porque cada vez "el esfuerzo de las fuerzas de seguridad del Estado es mayor", subrayó Arroyo, quien explicó, además, que este tipo de procesos con delincuentes internacionales generan contactos cada vez más frecuentes con autoridades judiciales de otros países europeos. Así, puso como ejemplo un proceso cuyo juicio se está celebrando al mismo tiempo en Málaga y en Italia.

Sobre los recursos judiciales para luchar contra el crimen organizado, Arroyo recordó: "Llevo varios años clamando en el desierto para que se creen juzgados especializados en delitos económicos, al igual que hay fiscales y policías especialistas en esta materia, pero no hay jueces". El presidente añadió que esta cuestión es un "reto importante" para el CGPJ porque es "un modelo que ya existe en otros países y nuestro sistema está anticuado".

En 2007 la Audiencia Provincial de Málaga ingresaron 6.542 asuntos penales, un 4 por ciento más que en 2006 y se han resuelto 6.562, un 9 por ciento más. De esta manera, según los datos facilitados por su presidente la cantidad de casos penales en trámite a final del año pasado disminuyó un 13 por ciento. En cuanto a los asuntos civiles, recibió 3.703 nuevos casos, lo que significa un 8 por ciento más que el año anterior, y se resolvieron 3.156, un 2 por ciento menos que en 2006. De esta manera la pendencia aumentó un 56 por ciento, tendencia que, según Arroyo, irá en aumento por los recursos que llegarán de los tres nuevos juzgados de primera instancia. Aún asi, señaló que la situación "no es preocupante", ya que actualmente desde que llega un procedimiento a una sección civil hasta que se resuelve pasan unos seis meses.