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Desde hace casi cuatro meses, las colas de saharauis aguardando a las puertas del Registro Civil de Córdoba se han convertido en una estampa cotidiana con la que tienen que convivir vecinos y comerciantes de la céntrica calle Doce de Octubre.

Con los primeros rayos de sol, multitud de nativos saharauis acuden a las dependencias del Juzgado de Primera Instancia número 5 para tramitar sus expedientes de consolidación de la nacionalidad española. En las últimas semanas, se han presentado más de 600 solicitudes, al amparo de una sentencia del Tribunal Supremo de 2007 que reconoce la condición de apátridas de los antiguos habitantes de la ex colonia española. Este estatus, unido a su herencia histórica, les permite obtener la documentación y les da derecho a residir y trabajar en el país como ciudadanos de pleno derecho.

La "peregrinación" ha adquirido tal dimensión que los funcionarios del Registro Civil no dan abasto ante la demanda creciente, lo que ha provocado que muchos saharauis tengan que dormir en la calle o en vehículos particulares. La situación ha puesto en alerta al defensor del Ciudadano, Francisco García-Calabrés, quien ha promovido una reunión para tratar este problema con representantes del colectivo de saharauis en España, miembros de la comisión de Extranjería del Colegio de Abogados y la ONG Córdoba Acoge, así como con asociaciones que trabajan con inmigrantes.

El objetivo que persiguen, según la nota remitida por el Defensor del Ciudadano, es "garantizar la información jurídica, su atención social y evitar posibles abusos". Para evitar este tipo de situaciones, se van a distribuir octavillas que ofrecen información precisa sobre los pasos que deben de seguir la población saharaui.

Asimismo, se han abierto cuatro puntos de información y recogida de la documentación al objeto de que no se produzcan aglomeraciones en estas dependencias. Se pretende así establecer un dispositivo de seguimiento y evaluación de la situación. Según expone en el comunicado del Defensor del Ciudadano, lo que subyace, en el fondo, es "la herencia de la situación irresuelta de la población saharaui, entre la apátrida y la nacionalidad española", cuya resolución depende de un contencioso internacional.