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El cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, seguía ayer, en un nuevo juicio contra él celebrado en Málaga, con su estrategia de reconocer los hechos que se le imputan para lograr así que se rebajen sus condenas. Si el miércoles reconocía abiertamente ante la sala del TSJA que había incurrido en cohecho al pagar 73.800 euros al juez Francisco Javier de Urquía, ayer admitía en Málaga haber incurrido en tráfico de influencias en la operación urbanística, ocurrida en 1997, entre el Ayuntamiento de Marbella y la empresa Belmonsa.

Hasta ahora, Roca no había reconocido la comisión de delitos durante la instrucción del caso "Malaya", ni de cualquier otro juicio por irregularidades urbanísticas, pero ayer aceptó una pena de nueve meses de prisión, cinco de inhabilitación y multa de 2,4 millones de euros, con la responsabilidad de un mes de prisión en caso de impago, por un delito de tráfico de influencias, tras mostrarse, como los demás procesados en la causa, conforme con el escrito de acusación modificado del fiscal.

En la causa del caso "Belmonsa" también estaban imputados el ex alcalde marbellí, Julián Muñoz y seis ex concejales del GIL, entre ellos Pedro Román.

La expectación levantada por Roca tras anunciar el miércoles en Granada que iba a tirar de la manta y decir ahora toda la verdad hasta las últimas consecuencias, se desinfló al conocerse ayer el acuerdo entre la Fiscalía y las defensas.

El acuerdo de conformidad al que llegaron defensas y fiscal en este caso, que se iba a juzgar en el Juzgado de lo Penal número 7, contempla la pena de un año de prisión y 10 de inhabilitación por dos delitos contra la ordenación del territorio para Julián Muñoz y los ex concejales Mario Jiménez Notario, Manuel Calle y Rafael González, para los que el fiscal pedía inicialmente dos años de cárcel.

Mientras, el ex edil José Marino Pomares se conformó con una pena de seis meses de prisión -antes se solicitaba por parte de la acusación pública un año de cárcel- y siete años de inhabilitación, en este caso, sólo por un delito urbanístico.

En el caso de Roca, éste aceptó una pena de nueve meses de prisión, cinco de inhabilitación y multa de 2, 4 millones de euros, con la responsabilidad de un mes de prisión en caso de impago, por un delito de tráfico de influencias, tras mostrarse, como los demás, conforme con el escrito de acusación modificado del fiscal y reconocer los hechos.

El abogado de Juan Antonio Roca, José Aníbal Álvarez, mostró su satisfacción por el resultado del juicio, al tiempo que expresó su cansancio, por el juicio celebrado esta semana en Granada en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), donde Roca reconoció el delito de cohecho que se le imputaba, al decir que había entregado dinero al juez Francisco Javier de Urquía, también acusado en esa causa.

El ex primer teniente alcalde de Marbella, Pedro Román tendrá que firmar la conformidad en los próximos días al no comparecer ayer por estar fuera de

España, concretamente en Estados Unidos acompañando a su hija, mientras Muñoz y los ex ediles González, Calle, Jiménez y Marisa Alcalá, se conformaron con ocho años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación genérico, delito que no sufrió modificación alguna en cuanto a la pena a imponer.

Esta causa está en relación con la operación urbanística desarrollada entre el Consistorio marbellí y la empresa Belmonsa, sobre unos terrenos municipales y respecto a las licencias otorgadas por la comisión de gobierno en 1997 a esa sociedad para construir un edificio de 12 plantas con 112 viviendas.

Según el escrito de acusación del fiscal, en una comisión de gobierno de mayo de 1997 se acordó otorgar licencia de obra al proyecto básico sobre un suelo calificado en una parte que quedaba afectada por el complejo como viario público según el Plan General de 1968. Asimismo, en diciembre del mismo año se concedió licencia al proyecto de ejecución de dicha promoción.

El ministerio público estimaba que con el otorgamiento de estas licencias "se culmina todo un proceso tendente a favorecer económicamente a la entidad promotora Belmonsa iniciado meses atrás, incluso antes de que se constituyese como persona jurídica tal entidad", en lo que tuvo una intervención decidida Roca, gerente de Planeamientos 2000 "desde la que se diseñó toda la operación de favorecimiento".

La acusación pública precisaba que éste se prevalió de las relaciones personales con el entonces alcalde, Jesús Gil, que también fue acusado en su momento, y con el fin de "favorecer económicamente a los promotores" que luego crearon Belmonsa, consiguió que le diese el visto bueno a la operación urbanística. Por tanto, se firmó un convenio en 1997, que fue aprobado también por comisión de gobierno.

En el escrito se añadía que el valor de la parcela municipal fue tasado en la cantidad de 83.800 euros y que, según la tasación pericial efectuada sobre la parcela de terreno cedida por el Ayuntamiento, el valor debía ascender en la fecha de la transmisión a más de dos millones de euros,"propiciándose con ello un indudable negocio a la entidad Belmonsa, pues se permitió edificar en primera línea de playa".

Las diligencias de esta causa tuvieron que ser reconstruidas después de que desaparecieran en el robo de sumarios que tuvo lugar en verano de 2001 en los Juzgados de Marbella.