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Juan Antonio Roca anunció el miércoles que a partir de ahora iba a decir la verdad con todas sus consecuencias, después de admitir que pagó al juez Francisco Javier de Urquía 73.000 euros a cambio de favores judiciales.

Ayer, el ex asesor de Urbanismo volvió a reconocer su culpabilidad, en esta ocasión en una operación urbanística en la que está acusado de tráfico de influencias por favorecer económicamente a la promotora Belmonsa.

En el juicio por este caso su defensa y el fiscal llegaron a una conformidad. Roca reconoció los hechos y a cambio aceptó nueve meses de cárcel y el pago de una multa de 2,4 millones de euros, que en caso de impago será penado con un mes más de cárcel.

Pero Roca no fue el único. Los otros dos miembros del núcleo duro del gilismo, Julián Muñoz y Pedro Román, también acusados en este caso, admitieron igualmente su culpabilidad.

Así, Muñoz aceptó una pena de un año de cárcel por delito urbanístico y Román ocho años de inhabilitación por prevaricación. El acuerdo se extendió a otros ex ediles imputados: Mario Jiménez, Manuel Calle y Rafael González, que se conformaron con un año de cárcel e inhabilitación; José Miguel Pomares, seis meses de prisión, y Marisa Alcalá que aceptó ocho años de inhabilitación.

El único que mostró su disconformidad absoluta con los hechos y con la calificación del fiscal fue el abogado José Luis Sierra, para el que el juicio sí se celebró. Así, en su declaración, según informaron fuentes de las acusaciones, sostuvo que el informe jurídico que hizo permitía dar licencias según la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de forma provisional.

José Aníbal Álvarez, abogado defensor de Roca dijo que están "satisfechos" por el resultado del juicio, pero "algo cansados", por los tres días de esta semana en que se ha desarrollado la vista oral en la que su cliente (Roca) reconoció el delito de cohecho en el caso del juez Francisco Javier de Urquía.

El "caso Belmonsa" se refiere a la operación urbanística fraguada entre el Ayuntamiento de Marbella y la empresa Belmonsa en relación a unos terrenos municipales y las licencias otorgadas por la comisión de gobierno en 1997 a dicha promotora para construir un edificio de 12 plantas con 112 viviendas en unos terrenos calificados en parte como viario público.

Roca, como responsable entonces de la empresa Planeamiento 2000, diseñó la operación para favorecer a Belmonsa en un convenio que luego aprobó la comisión de gobierno. La parcela municipal cedida a Belmonsa fue tasada en 83.800 euros cuando su valor real era de más de dos millones de euros, "propiciándose con ello -afirma el fiscal- un indudable negocio a la promotora, que edificó en primera línea de playa".