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La Audiencia Provincial ha condenado a un año de cárcel a dos sindicalistas por amañar las oposiciones a Bomberos en el año 2003 con el objetivo de que aprobará un grupo de interinos. Pero la noticia de este culebrón no se entiende sin la primera parte. Hace dos años la Audiencia les había impuesto una pena de cinco. Sin embargo, el Tribunal Supremo obligó a repetir el juicio al considerar que se había dejado fuera el testimonio del entonces alcalde, José Mortalla, al que supuestamente uno de los acusados habría advertido ante de la prueba del complot.

Finalmente, el líder de CC OO José Manuel de la Blanca y su compañero Gerardo Martín han sido condenados por la Audiencia a un año de prisión cada uno como autores de un delito de revelación de secretos -concurriendo en el primero de ellos la atenuante de confesión-, mientras que han sido absueltos del de falsedad en documento oficial que se les imputaba.

La Audiencia también les inhabilita por tres años como bomberos funcionarios del Ayuntamiento de Granada, les condena al pago de una cuarta parte de las costas procesales y a que indemnicen al Consistorio por los gastos derivados de la celebración de uno de los ejercicios de la oposición, hasta un máximo de 15.709 euros.

En el relato de hechos probados el tribunal considera que ambos participaron en la filtración del tercer examen a ciertos opositores, especialmente a aquellos que trabajaban como interinos.

Al margen de los testimonios -el de De la Blanca a la postre ha sido casi inculpatorio- la mayor prueba del juicio han sido unas polémicas grabaciones que una parte de la defensa ha intentado que se desechen. La cinta la aportó De la Blanca, en teoría como argumento para sostener que su participación en el montaje se debió a que quería desenmascarar a los filtradores.

El otro condenado pretendió invalidar la grabación. Sostiene que era un montaje y que las voces no se corresponden. El argumento del tribunal es directo: "Esa manipulación ha de ser descartada en una persona que carecía de las más elementales nociones, no sólo de informática sino también de familiaridad con cualquier otro aparato grabador, incluso uno tan simple como el utilizado".

Según la Sala, la autoría de De la Blanca y Martín en la revelación de secretos "no admite discusión" y, aunque otorga verosimilitud a la manifestado por el primero, quien declaró que con su actuación sólo pretendía destapar el fraude en las pruebas para anularlas, no pueden considerar "legitimados" sus actos.

En la filtración de preguntas de un ejercicio de la prueba participaron de manera "directa, material y voluntaria" los dos acusados, según el fallo, que se basa como prueba principal de cargo en la testifical del único opositor interino que no participó en la "especie de pacto de silencio" que observó el tribunal, el acta notarial con las preguntas y respuestas que éste tenía en su poder antes del examen y la grabación de una conversación.

En la morbosa cinta los dos acusados y otra persona ya fallecida, todos miembros del tribunal, planeaban como filtrar las preguntas a los bomberos interinos ya que el objetivo era que aprobaran ellos.

La grabó De la Blanca, que luego fue quien denunció los hechos y para ello decidió "infiltrarse" a modo de "topo" entre sus compañeros vocales técnicos del tribunal para demostrar los hechos, si bien sostiene el tribunal que fue cuando estaba "acorralado". Entonces decidió admitir las irregularidades que había cometido y entregar la grabación realizada al juzgado, tras dar "varias largas".

Hubiera bastado, precisa la resolución, presentar la grabación al presidente o al secretario del tribunal o destapar el fraude cuando se reunió para elaborar las preguntas. La cuestión es que "no sólo no lo impidió, sino que en su afán desmedido por anular el proceso selectivo a su modo de ver injusto, no sólo consintió que otro miembro filtrara las preguntas, sino que él mismo realizó actos directos de revelación entregándoselas a un tercero, abusando de la confianza que éste había depositado en él, sin dudar en utilizar el engaño y la traición para conseguir su propósito".

La prueba, que pretendía cubrir 16 plazas de bomberos del Ayuntamiento de Granada, fue paralizada en noviembre de 2003, desde cuando permanece suspendida a la espera del resultado del proceso penal y de los recursos contencioso-administrativos interpuestos.