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Hoy por hoy, en Almería "es imposible garantizar al cien por cien la seguridad de las mujeres maltratadas", desveló ayer el secretario regional para Andalucía Oriental de la Confederación Española de Policía -CEP-, Juan Carlos Gil, puesto que, informó el representante provincial del sindicato policial, José Antonio Alcalá, son sólo 10 los funcionarios de la Policía Nacional que conforman la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección -UPAP-, que atiende a un total de 400 mujeres víctimas de la violencia de género. "Es imposible que un funcionario pueda proteger a ocho o diez mujeres a la vez", remarcó el representante regional de la CEP y, de hecho, valoró Alcalá, serían necesarios una veintena de agentes más "como mínimo", ya que "ésta es una plantilla muy necesaria".

Desde la confederación sindical exigieron también al Gobierno central que, "dentro de lo posible, todo lo relacionado con la burocracia, lo realicen otros funcionarios de segunda actividad -es decir, agentes de mayor edad o dedicados al trabajo de oficina-, o bien, personal laboral", con el fin de que los policías nacionales se dediquen plenamente a la protección de las personas víctimas de malos tratos. De hecho, incidió Gil, "hacen muchas gestiones burocráticas que les lleva mucho tiempo y que no pueden dedicar a la protección de estas mujeres". Aunque "todos los servicios son prioritarios", puntualizó Gil, "éste es, sin duda, el más alarmante" porque la violencia de género "ha aumentado y es un problema que hay que erradicar"; algo que, a su juicio, se conseguiría con más efectivos policiales.

No en vano, recordó ayer el secretario provincial de la CEP, en Almería aún son necesarios "entre 50 y 60 funcionarios más" para cubrir el catálogo de puestos de trabajo que, reconoció, "está casi al completo". No obstante, detalló, "aún falta personal para la Unidad de Desactivación de Explosivos, para la que no se han convocado aún plazas, ni tenemos noticias de cuándo se hará".

Los representantes sindicales pidieron, asimismo, al Ejecutivo de la Nación que, en el ámbito judicial, se facilite una red informática a nivel estatal capaz de cruzar los datos de cada uno de los detenidos con el objetivo de evitar que un presunto agresor en el ámbito familiar sea reincidente y, sin embargo, quede en libertad.

En este sentido, Gil relató que, en el municipio de El Ejido, un detenido por agredir a su pareja, arremetió también contra tres funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en dependencias policiales; y, cuando regresó a su casa -al decretar un juez su libertad-, volvió a agredir a su mujer, aunque otro magistrado, a pesar de la reincidencia, estimó su libertad. A su juicio, estas situaciones se evitarían si, realmente, las medidas judiciales fuesen "más eficaces". "No hay que esperar a detener a una persona si se ha saltado la orden de alejamiento de forma reiterada", incidió Alcalá.

El letrado del sindicato, Roberto Baca, denunció, por su parte, la indefensión a la que están sometidos los cuerpos de seguridad y pidió mayor contundencia de la Justicia en los casos de agresiones a los funcionarios de la Policía para que "no les salga gratis" a los delincuentes. No en vano, ahora mismo "hay 11 procedimientos abiertos en las comisarías de la capital y de El Ejido". El abogado pidió al respecto, a jueces y fiscales, que los atentados a los agentes de la autoridad "no queden en simples faltas sino que se juzguen como delitos". Según Baca, en la provincia se están dando "bastantes agresiones a funcionarios, están subiendo, sobre todo, en la zona de El Ejido" y se producen "en la mayoría de los casos, cuando van a detenerlos".

En otro ámbito de cosas, aunque desde la Confederación Española de Policía felicitaron al comisario jefe de Almería, Custodio Hidalgo, por la disponibilidad de vehículos y por la mejora de los calabozos de la capital que, según José Antonio Alcalá, "están mejorando cada día", así como los existentes en el puerto para los inmigrantes que llegan en patera y que "son muy modernos", enumeraron una serie de deficiencias del cuerpo. Entre ellas, el hecho de que las pistolas "tienen 20 años y, aunque en su tiempo eran buenas, la marca que las fabricaba desapareció" y los arreglos tienen que hacerlos con recambios de las que ya no se usan. Las nuevas armas, además, indicaron, "son muy pequeñas y no valen para todos los funcionarios". Asimismo, concluyeron, "los chalecos están llegando poco a poco", pero reivindicaron "más herramientas necesarias para poder trabajar".