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Definitivamente se investigará el patrimonio del "clan de Armilla". Se trata de un paso más, pero el definitivo para que se abra el caso. El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, ha accedido a la petición del Ministerio Fiscal sobre la incoación de pieza separada sobre la investigación patrimonial de los imputados del "caso Nevada". Esto significa que habrá dos patas: una -la que ya está en marcha-, donde se investigará los supuestos delitos urbanísticos y de prevaricación; y la segunda, donde se profundizará en el primer informe que hizo la Guardia Civil, donde se detectaron "conductas de incrementos patrimoniales inmobiliarios muy llamativos, no concordando ese incremento con los ingresos por rendimientos de trabajo (...) que le constan a los imputados".

El camino ha sido largo. Primero la Fiscalía denunció la construcción del Parque Comercial pero sólo a efectos urbanísticos y administrativos. El juez encargó una investigación a la Guardia Civil para hurgar en el patrimonio de los acusados, entre ellos el ex concejal de Urbanismo de Armilla, Gabriel Cañavate, el ex alcalde, José Antonio Morales Cara, y el promotor Tomás Olivo, imputado en el "caso Malaya" de Marbella. Olivo recurrió y la Audiencia le dio la razón, advirtiéndole al juez de que no se podía abrir una investigación a ver qué sale. Pero la Audiencia dejó abierto un resquicio. La Fiscalía recomendó al juez que abriera otra pieza diferente para seguir profundizando en el patrimonio.

Y eso es lo que ha pasado. En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, el juez dispone la remisión de las diligencias de investigación al Juzgado Decano de Granada para su posterior reparto, lo que se realizará cuando sea efectivo el presente auto, contra el que cabe presentar recurso de apelación. El "caso Nevada II" caerá en manos de Miguel Ángel del Arco o probablemente de cualquier otro.

El juez que investiga la supuesta tramitación irregular en el Parque Comercial Nevada accede de este modo a la petición del fiscal. Lo hace después de que la Audiencia ni anulara la investigación ni considerara ilícita la prueba, según entiende Del Arco, aunque decidieron los magistrados del órgano superior dejarla sin efecto y detener los datos recabados sobre el patrimonio de los ediles y empresarios supuestamente implicados.

En su resolución, el juez defiende la investigación patrimonial de los imputados que fue acordada por él, ya que "se pueden no aceptar los hechos y razonamientos, pero no decirse que nos encontramos ante un caso de arbitrariedad judicial".

La investigación, que se encuentra depositada en la Comandancia de la Guardia Civil desde que la Audiencia ordenó su finalización, fue acordada porque en su día, recuerda el juez, "existió un procedimiento racional, objetivo y proporcional de adopción y resolución por el instructor de la investigación patrimonial".

En ningún momento se puede considerar al instructor "intruso", sostiene el propio Del Arco en el auto, porque "se podrá aceptar su ineficacia procesal, pero actuó dentro de la competencia jurisdiccional y profesional y con criterios de racionalidad, objetividad y proporcionalidad".

Ahora el juez, que no accede a la petición del PP para que se incorpore a la causa, ni a las de los imputados de que se destruya, lo remitirá al Juzgado Decano para que sea posteriormente repartido.