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Bernardo Bueno, delegado de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, anunció ayer que su departamento ha emitido un informe negativo sobre la posibilidad de proteger el pabellón de la Santa Sede, que el pasado jueves comenzó a derribar Cepes (Confederación Española de la Economía Social), nuevo propietario del edificio.

El citado informe será enviado por la Junta al Colectivo de Ciudadanos Independientes de Sevilla, que solicitó formalmente a Cultura que declara el pabellón Bien de Interés Cultural (BIC).

"Con el máximo respecto al arquitecto del pabellón, Miguel de Oriol e Ybarra, la Consejería de Cultura no considera de especial relevancia este pabellón porque no reúne condiciones específicas", indicó Bueno, quien subrayó que el citado edificio "no aparece siquiera en libros que se publicaron con motivo de la Expo, de lo que se deduce que no tiene una significación especial".

Según el delegado de Cultura, "el pabellón de la Santa Sede no tiene una apariencia relevante desde el punto de vista artístico o tecnológico. Es uno más de los que hay de la Exposición Universal, a distancia de los pabellones de España, Andalucía, Hungría, Francia, Finlandia y Navegación, sobre los que se ha incoado un expediente para su inclusión en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Artístico de Andalucía".

Bernardo Bueno reveló que la Consejería de Cultura solicitó a Cepes, presidida por Antonio Romero, que esperara al informe de la Junta antes de iniciar el derribo del edificio. Según las mismas fuentes, el propietario del edificio aceptó el compromiso, aunque finalmente no lo cumplió y metió la piqueta sobre el pabellón el pasado jueves.

"Yo pedí a Cepes -destacó el delegado provincial de Cultura-que esperara a nuestra decisión de proteger o no el pabellón antes de iniciar su derribo, aunque le dije que no tenía fuerza legal para obligarles a ello. Cepes me dijo que esperaría a nuestro informe, pero no lo ha cumplido y se lanzó al derribo amparándose en la licencia municipal de demolición. No entro a valorar su actuación porque sería un pronunciamiento ético".

Sobre la posibilidad de que el informe de protección del edificio hubiera sido positivo, Bueno admitió que "de ser así nos hubiéramos encontrado en una situación difícil".

El delegado de Cultura asegura que consultó con el departamento jurídico para saber si podía evitar la demolición antes del informe. "Me dijeron que no tenía competencias para ello. Confieso que si hubiera tenido medidas legales a mi alcance las hubiera aplicado para evitar la demolición antes de que el informe estuviera acabado. Si no lo hice -dice- fue porque me hubieran acusado de prevaricación".

En cuanto al hecho de que la la Consejería de Economía -que recibió los 9,5 millones de euros que Cepes pagó por el pabellón- no consultara con la Consejería de Cultura la venta y posible demolición del edificio, Bueno declaró que "es normal que no lo hiciera porque el edificio no estaba protegido". Negó éste que la decisión de Cultura de no proteger el edificio esté relacionada con el hecho de que la Junta haya sido la principal beneficiada en la venta del pabellón a Cepes.

La Consejería de Cultura estudia ahora todo el legado de la Expo para decidir qué merece proteger, desde pabellones a puentes.

El pabellón de la Santa Sede desaparece justo cuando habían salido a la luz iniciativas como la lanzada por la Agrupación Provincial de Comerciantes para convertirlo en una escuela de negocios. Aprocom llegó incluso a pedir ayuda a la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento, que ya había otorgado licencia de obras para la destrucción del pabellón a Cepes.