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La Ciudad de la Justicia de Sevilla vuelve a Los Gordales. La propuesta del Pleno del Ayuntamiento del pasado viernes, que fue aprobada por unanimidad de los tres grupos municipales -PSOE, IU y PP- despejó definitivamente el camino para que el complejo judicial sevillano se construya definitivamente en los terrenos de Los Gordales, junto a Blas Infante.

La consejera de Justicia de la Junta Andalucía, Evangelina Naranjo, tiene previsto anunciar oficialmente esta misma semana su decisión, que supondría la rectificación sobre lo previsto por su antecesora, María José López, quien anunció por sorpresa el pasado verano que la Ciudad de la Justicia se ubicaría en los terrenos portuarios del Batán, junto a los depósitos de combustibles de CLH.

El argumento fundamental de la exconsejera para el traslado fue la agilización del proyecto -Chaves llegó a asegurar que funcionaría en 2010 en la nueva ubicación-, aunque el trasfondo del problema era el recurso que el Gobierno central había puesto contra el PGOU de Sevilla.

La administración central acudió a los tribunales después de que la Junta de Andalucía redujera en 70.000 metros cuadrados (de 292.679 a 220.890) la edificabilidad lucrativa que el Ayuntamiento había concedido al Gobierno a cambio de que éste cediera a la ciudad los terrenos de Los Gordales (el actual campo de la Feria).

El Gobierno central devolvió el golpe recibido de la Junta bloqueando su proyecto de Ciudad de la Justicia en Los Gordales, que ya había sido previsto por el propio Ayuntamiento en el nuevo PGOU, aprobado el pasado año.

La decisión de la Junta de trasladar la Ciudad de la Justicia a los terrenos portuarios ha levantado hasta la fecha críticas unánimes de los estamentos judiciales, de los funcionarios, de las organizaciones empresariales y sindicales, y hasta de los socios de Gobierno municipales, IU, que dejaron sólo al PSOE al rechazar ese cambio de ubicación.

La llegada de Evangelina Naranjo a la Consejería de Justicia hace sólo dos meses supuso un cambio radical en la postura de la Junta, que reconoció así su fracaso en esta materia. En estos 66 días como consejera, Naranjo ha mantenido una ronda de contactos con los estamentos judiciales, con el Ayuntamiento de Sevilla y se comprometió a tomar una decisión en el mes de junio.

En estas semanas, los estamentos judiciales han presionado especialmente para recuperar la idea de crear un campus judicial en el entorno del Prado, si bien la Consejería ha optado por aplicar lo que consideraba más lógico y más factible, al estar aprobado ya en el PGOU sevillano.

En cuanto al escollo esgrimido por su antecesora (el recurso del Gobierno al PGOU), la consejera y el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, Emilio Carrillo, vienen trabajando conjuntamente desde hace más de un mes en la búsqueda de fórmulas para desbloquear la situación.

Así, la solución adoptada es comenzar la construcción de la Ciudad de la Justicia en los terrenos que son propiedad municipal mientras se resuelve el conflicto con el Estado. En concreto, la parcela de 40.000 metros cuadrados sobre la que se prevé edificar el complejo judicial es propiedad en su mayor parte de Patrimonio del Estado, excepto un 28 por ciento, propiedad del Ayuntamiento. Es precisamente sobre esos suelos, fuera del litigio, donde la Consejería preve construir el primero de los edificios que compondrán este nuevo campus judicial. De hecho, la Delegación de Urbanismo ha dado ya luz verde a la redacción de un Plan Parcial para la zona, cuyo plazo de ejecución estimado es de unos siete meses, tiempo en el que se procederá al sistema de compensación para el reparto de la edificabilidad prevista en la zona (90.000 metros cuadrados ampliables a 108.000) entre ambos propietarios del suelo -Gobierno y Ayuntamiento-.

Paralelamente, la Consejería de Justicia deberá aprovechar esos meses de redacción del Plan especial para avanzar en el diseño de su complejo judicial y los proyectos constructivos que permitan que antes del próximo verano estén solventados tanto los temas urbanísticos como los de diseño del recinto.

Será entonces cuando la administración apriete el acelerador para la licitación y adjudicación de las obras de ese primer edificio.