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Profesionales por la Etica anunció ayer que, a tres meses del inicio del próximo curso académico, en el que se impartirá de forma obligatoria Educación para la Ciudadanía (EpC) en todas las comunidades autónomas -hasta ahora sólo lo habían hecho siete de ellas-, ha registrado un total de 41.107 objeciones de conciencia, de las que 7. 133 son en Andalucía.

Esta asociación denunció, además, que el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, trata a los padres objetores a la asignatura "como delincuentes, por negarse a que sus hijos sean educados moralmente por el Estado".

Así, Madrid con 10. 875 objeciones de conciencia, Castilla La Mancha (8.790) y Andalucía (7.133) encabezan la lista de las regiones que más oposición muestran a la asignatura, seguidas de Murcia (3.895), Comunidad Valenciana (3. 644) y Castilla y León (2.803).

En este contexto, el presidente de profesionales por la Etica denunció que el Principado de Asturias, que se encuentra a mitad de tabla con 530 objeciones, y cuya Consejería de Educación ha rechazado la objeción mediante resoluciones administrativas, "no sólo ha suspendido a los alumnos objetores, sino que ha abierto expedientes por absentismo para amedrentar a los padres".

En cuanto a la situación jurídica actual de objeción a EpC, el presidente de Profesionales por la Etica, afirmó que "asta ahora hay tres sentencias (dos del TSJ de Andalucía y una del de Asturias) que "reconocen de forma explícita el derecho constitucional a objetar".

Por este motivo, aseguró que "hay base jurisdiccional suficiente para que las administraciones dejen de tratar a los padres como delincuentes".

"EpC está provocando una considerable fractura social y jurídica, al entrar en conflicto con los derechos fundamentales de los padres", aseguró, el presidente de Profesionales por la Etica, Jaime Urcelay, quien reiteró la "necesidad" de que el Gobierno "elimine del currículo esta asignatura o la haga optativa".

En su opinión, el Ejecutivo "sigue falseando la realidad" de la nueva materia y "el derecho a los padres a objetar", alertando de que si el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales "mantienen la misma insensibilidad", el número de objeciones "se multiplicará".

En relación a las "críticas" del politólogo y jurista Gregorio Peces-Barba Martínez al movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía, manifestando la "inviabilidad" de las objeciones, Urcelay aseguró que Peces Barba "ya se ha equivocado varias veces, sobre todo, cuando dijo que no iba a haber ninguna sentencia a favor de la objeción". Asimismo, el presidente de Profesionales por la Etica calificó al pensador de "dogmático e intransigente", por "decir cuáles deben ser los valores morales de los ciudadanos". "Le pedimos una mayor sensibilidad hacia la libertad de los padres", sentenció.

Mientras tanto, la Generalitat Valenciana libra su batalla particular contra la asignatura que ha decretado que debe impartirse en inglés. En esta línea la Geralitad reaccionó ayer con autoridad al pulso lanzado por un instituto que anunció que no impartirá las clases de Educación para la Ciudadanía (EpC) en inglés, según regula la orden aprobada por la Consejería de Educación. Incumplir esta orden supondrá una falta "muy grave" que puede conllevar la suspensión de empleo y sueldo e incluso la separación del servicio, según anunció ayer el consejero, Alejandro Font de Mora, quien advirtió que "no le temblará el pulso" a la hora de aplicar la ley.El consejero señaló que al igual que el PP está en desacuerdo con esta asignatura pero el respeto a la legalidad les obliga a impartirla, los centros deberán cumplir la orden autonómica aunque no les guste, ya que se trata de un documento "absolutamente legal" y "vinculante".