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La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha aceptado la demanda interpuesta el pasado enero por el Ayuntamiento de Estepona contra el ex alcalde Jesús Gil Marín y cuatro funcionarios por no justificar el gasto de 1,7 millones de euros referidos al periodo de gobierno del GIL (1995-1999).

El Consistorio esteponero formula una demanda de reintegro por alcance contable, con carácter solidario, contra Jesús Gil Marín y el tesorero municipal, por importe de unos 900.000 euros y, en solidaridad con los anteriores, contra los herederos del fallecido interventor por importe de 487.937 euros.

El Tribunal de Cuentas recoge en su informe de fiscalización que existen 3,2 millones de euros pendientes de justificación. Entre las irregularidades que recoge el documento se citan pagos sin justificar por importe de 950.000 euros, pagos satisfechos incorrectamente a Funespaña S.A. y falta de cobro a esta entidad de los cánones anuales, además de transferencias a Obras Estepona XXI, S.L. por importe de 230.000 euros sin que hayan sido registradas por la sociedad y sin que se tenga constancia del destino de dichos fondos, según se recoge en el informe. El alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, indicó además que el Ayuntamiento hará suyas las pretensiones que pueda formular el Ministerio Fiscal, adhiriéndose a las mismas en el momento procesal que corresponda.

En la misma demanda, el Ayuntamiento también ha solicitado la apertura de una pieza separada "respecto de las irregularidades recogidas en el informe del Tribunal de Cuentas" por convenios urbanísticos para abonar deudas con acreedores mediante la entrega de inmuebles o aprovechamientos urbanísticos.

En ellos, "los particulares renunciaron a la diferencia de precio a su favor originada en permutas con el Ayuntamiento, con la finalidad de concretar los hechos, los posibles responsables, tanto directos como subsidiarios, y el importe total de los perjuicios ocasionados a los caudales o efectos públicos".

En este sentido, ante esta petición, la Sección de Enjuiciamiento del máximo órgano fiscalizador del Estado ha dado traslado de la demanda formulada por el Ayuntamiento al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre la petición de formación de pieza separada respecto a los hechos reseñados.