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El municipio de Cuevas del Almanzora tiene un gran problema en forma de 2.500 viviendas que están en situación ilegal en varios núcleos, entre ellos Palomares. La Comisión Provincial de Urbanismo rechazó la tarde de ayer parte del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de esa localidad en lo que se refiere al suelo no consolidado sobre el que se levantan esas casas. La historia viene de largo y comenzó cuando el Consistorio, gobernado por el PP, usó una figura urbanística inadecuada para poder acometer estos proyectos. La administración andaluza llegó hasta el Tribunal Supremo con su denuncia hacia el uso de la misma y sus jueces ha terminado dándole la razón y determinando, así, que no se deberían de haber levantado estas edificaciones en esos lugares.

El caso es que las urbanizaciones ya se han hecho y que la Junta, a través de la Comisión Provincial de Urbanismo, no puede aprobarlas dentro del PGOU bajo esas circunstancias. El delegado de Obras Públicas en Almería, Luis Caparrós, detalló a la salida de la Comisión que el futuro pasa por una legalización pero cuando el Ayuntamiento cuevano subsane el déficit de equipamientos que rodean las nuevas construcciones con los recursos necesarios para los vecinos y nuevos ejes viarios, entre otros asuntos. "La situación es de irregularidad y la regularización de las viviendas se tendrá que hacer con coherencia a la propia Ley", comentó Caparrós. Se tiene, así, que "corregir" la situación con la supervisión de los técnicos de la administración andaluza, ofrecidos por la propia Delegación, para dar una salida a "los ciudadanos y compradores que están padeciendo" el problema. Para el representante de la Junta, se trata de la actuación más "urgente" a realizar por parte del alcalde Jesús Caicedo ya que la intención es que todo esté arreglado sobre los papeles de cara al próximo encuentro de la Comisión. Esa adecuación de los espacios que no están en regla requerirá, probablemente, de una inversión considerable por parte del equipo de Gobierno aunque dinero no le faltará si se cumplen las previsiones de Obras Públicas sobre la que recaerá en los suelos a los que sí se les concedió el visto bueno durante la reunión.

Y es que se aprobó el suelo consolidado, el que forma la ciudad, lo que permitirá -según los cálculos manejados por Caparrós- la construcción de 3.500 viviendas. Además, se autorizó el suelo industrial que se destinará a usos terciarios. Se trata de 280 hectáreas que ya están a disposición de los empresarios que estén interesados. Todo ello, indicó el responsable, conllevará una inversión de 200 millones de euros aproximadamente. A la espera de ver la manera de poner fin a esta complicada trama urbanística, lo que sí quiso subrayar el delegado de cara a los habitantes de este municipio del Levante almeriense es que "pueden tener la seguridad de que por parte de la Junta de Andalucía el Ayuntamiento tendrá el asesoramiento y apoyo necesarios" para planificar un "crecimiento racional" de la localidad y poder disfrutar de una "calidad" en las viviendas que se construyan.

¿Abrir la puerta a la legalización de estas urbanizaciones no es insinuar que otros casos de la provincia correrán con la misma suerte? "No abrimos la veda a nadie sino que resaltamos que las clasificaciones -en referencia a las del suelo- tienen que cumplir con la Ley", sentenció Caparrós, quien también matizó que en este caso concreto se trata de suelos que están "pegados" al núcleo urbano. Y quizás para que no se vuelvan a registrar ejemplos similares a este también anunció que la intención de su Consejería, si el PSOE vuelve a ganar las elecciones en la comunidad autónoma, es abrir una quinta oficina para apoyar a los ayuntamientos del Levante en los asuntos relacionados con el urbanismo. Desde luego, parece necesaria si se tiene en cuenta el impulso que se está dando a los nuevos planes generales, con 60 municipios que tienen ya expediente.